El bloqueo del transporte escolar deja aún sin servicio a cerca de 5.000 alumnos extremeños
R. DEx, Mérida, 16 de septiembre de 2025.- La Junta de Extremadura no ha logrado cerrar un acuerdo con las cinco empresas que mantienen bloqueado el transporte escolar en la región. La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, aseguró este lunes en Mérida que el Ejecutivo ha aceptado “todas las exigencias” planteadas por las compañías, “con el único matiz de que deben tener cobertura legal”, lo que a su juicio demuestra la “nula voluntad” empresarial para solucionar el conflicto.
Las empresas reclamaban, entre otros puntos, que la Consejería desistiera de la acusación particular en la denuncia penal por coacciones y presiones, la renuncia a recurrir el auto judicial que denegó las medidas cautelares, y la adjudicación directa de rutas desiertas con un incremento económico que la Junta cifra en más de 1,5 millones de euros.
Según Vaquera, la administración ha aceptado todo lo que puede estar amparado por la ley, pero “ningún gobierno puede asumir compromisos contrarios a derecho”.
Denuncia penal y sanciones
El Ejecutivo regional presentó el 4 de septiembre una denuncia penal contra estas compañías, acompañada de medidas cautelares para garantizar el servicio. El Juzgado de Mérida rechazó estas últimas el día 11, al considerar que la administración cuenta con otras herramientas. Entre ellas, una resolución de obligado cumplimiento aprobada el 10 de septiembre que, según la consejera, las empresas “siguen incumpliendo”.
Vaquera ha advertido de que las compañías se exponen a sanciones, asunto que queda ahora en manos de los servicios jurídicos de la Junta.
La consejera pidió comprensión a las familias afectadas, asegurando que entiende el malestar porque ella también es madre y trabajadora. Ha recordado que este martes se aprobará una ayuda de 0,26 euros por kilómetro recorrido para compensar los gastos que asumen los padres, y que mientras tanto se ha activado la enseñanza telemática para evitar que los alumnos pierdan clase.
Pese a la falta de acuerdo, Vaquera insistió en que la Junta mantiene la “mano tendida las 24 horas del día” para resolver el conflicto, al tiempo que apeló a las empresas del sector a “empatizar con las familias” y a entender que este problema “no es un pulso con la administración, sino que afecta a un derecho fundamental como la educación”.
Lupa DEx
Lo que está ocurriendo con el transporte escolar en Extremadura es sencillamente intolerable. Casi 5.000 alumnos siguen sin poder ir al colegio en condiciones dignas porque un puñado de empresas bloquea un servicio esencial, usando como rehenes a niños y familias. La Junta insiste en que ha aceptado las exigencias con cobertura legal, pero el resultado es el mismo: miles de estudiantes sin transporte y padres desbordados organizando coches particulares o recurriendo a la enseñanza online como parche.
El problema no es solo jurídico o económico: es un fallo clamoroso de previsión, de autoridad y de responsabilidad política. La Consejería debía haber blindado este servicio meses antes del inicio de curso. Y las empresas, en lugar de cumplir con su obligación, han preferido tensar la cuerda hasta el límite.
En medio, el alumnado y las familias del medio rural, las más vulnerables, pagan las consecuencias de un pulso que erosiona la confianza en las instituciones y en el sector empresarial. Lo urgente ya no es tender manos: es garantizar por la vía que sea —administrativa, judicial o incluso de emergencia— que ningún niño extremeño se quede sin colegio por culpa de intereses cruzados.
