223 rutas siguen sin cubrir tras diez licitaciones fallidas y a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia a las empresas
La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha dado un paso más en el complejo tablero del transporte escolar: adjudicar por resolución administrativa las rutas a las empresas que tradicionalmente las han venido cubriendo. Lo hace tras diez licitaciones consecutivas en las que aún permanecen sin adjudicar 223 de las 579 rutas totales.
Resolución administrativa urgente
R. DEx, Mérida, 10 de septiembre de 2025.- La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, defendió la medida este miércoles en Mérida, aludiendo a la “obligación” de garantizar un servicio esencial. Según explicó, las empresas homologadas en el acuerdo marco de 2024 que no han concurrido a las licitaciones quedan ahora obligadas a prestar el servicio.
“Si no lo hacen, tendremos que tomar las medidas oportunas, porque estamos hablando de una resolución administrativa”, advirtió Vaquera.
Denuncia en los tribunales
En paralelo, la Junta está pendiente de que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia interpuesta contra algunas empresas que —según el Ejecutivo— habrían intentado alterar los precios del servicio mediante coacciones y amenazas. En esa denuncia se piden medidas cautelares que garanticen el transporte a miles de alumnos.
“No se trata de que no liciten, sino de una voluntad de distorsionar el mercado”, incidió la consejera, que señaló a un grupo minoritario de compañías como responsables de tensar la situación y “perjudicar los derechos de miles de estudiantes”.
Críticas de la oposición
La oposición ha cargado contra la gestión del Gobierno regional, acusándolo de improvisación y falta de previsión. Frente a ello, Vaquera defendió que desde julio de 2023 su equipo trabaja de forma “constante” en la búsqueda de soluciones y ha mantenido “la mano tendida” al sector.
“Si hemos tenido que denunciar, es porque no quedaba otra”, resumió.
Lupa DEx
El transporte escolar se ha convertido en un laberinto administrativo, judicial y político. Diez licitaciones fallidas, 223 rutas vacías y un Gobierno que recurre a la vía directa para atajar un problema que afecta a miles de familias extremeñas. La denuncia contra las empresas que supuestamente alteran precios añade un ingrediente de gravedad: la sospecha de que el interés de los alumnos queda relegado frente a las guerras del mercado.
El pulso entre la Junta y un sector estratégico deja al descubierto una realidad incómoda: la incapacidad de las administraciones para blindar un servicio básico sin llegar a situaciones límite. Y mientras tanto, padres, madres y alumnos siguen en la incertidumbre, preguntándose si mañana el autobús pasará o no por su parada.
