La consejera Mercedes Morán reitera que el Ejecutivo regional está demostrando su compromiso con la legalidad y la seguridad jurídica en el tratamiento del proyecto de explotación de litio en la provincia de Cáceres
R. DEx, Mérida, 15 de enero de 2025.- La Junta de Extremadura ha reiterado su compromiso con la legalidad y la seguridad jurídica en el tratamiento del proyecto de mina de litio en Cáceres, según ha manifestado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Mercedes Morán, en el pleno de la Asamblea de Extremadura.
En respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura sobre las razones por las que la Junta de Extremadura ha solicitado más documentación a la empresa promotora de la mina de litio, Morán ha explicado que se ha hecho un requerimiento a la empresa porque «se necesitaba más información, más documentación para valorar y seguir tramitando ese proyecto». La consejera ha destacado que el objetivo es «garantizar la salud pública, el cuidado del medio ambiente, la solvencia económica del proyecto y de la empresa», lo que es «lo normal, dentro de la ley».
La presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado la actuación de la Junta de Extremadura, considerando que se está demostrando «la manera negligente con la que han gestionado este tema». De Miguel ha recordado que la Ley de Minas establece que no se debe tramitar un permiso de explotación directa sin garantías de solvencia económica necesaria para llevarla a cabo.
La consejera Morán ha reiterado que el objetivo del Gobierno regional es «procurar que vengan proyectos a asentarse en Extremadura», pero que sean «proyectos que cumplan con toda la legalidad». Ha concluido que «esto ya no va de que a la Junta le guste o no le guste un proyecto, y mucho menos que le guste o no le guste a Unidas por Extremadura», sino que «esto va de ofrecer seguridad jurídica a las empresas y garantías a los ciudadanos».
La controversia sobre el proyecto de mina de litio en Cáceres ha generado una gran polémica en la región, con manifestaciones y protestas de vecinos y organizaciones sociales que se oponen a la explotación de litio en la zona. La Junta de Extremadura ha reiterado su compromiso con la legalidad y la seguridad jurídica en el tratamiento del proyecto, pero la oposición política y social sigue siendo firme en su rechazo a la explotación de litio en la región.
