La Junta de Extremadura y la Generalitat Valenciana han presentado, este miércoles 3 de mayo, una declaración conjunta sobre la reforma del sistema de financiación autonómico para 2017 con el objetivo de mejorar las grandes partidas, en Sanidad, Educación y Políticas Sociales, que conforman el Estado del Bienestar.
En el transcurso de la jornada de trabajo, además de ambos consejeros, han estado presentes la Portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña; la secretaria general de la consejería de Hacienda y Administración Pública, María Ascensión Murillo; y el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas.
Por parte de la Comunidad Valenciana, han presenciado la reunión la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Fernández; el director general de Presupuestos, José Moreno y José Antonio Pérez, miembro de la Comisión de Expertos en Financiación.
En este sentido, ambos gobiernos comparten el diagnóstico respecto al modelo actual de financiación, y coinciden que la reforma del sistema autonómico no debe abordarse como un debate de territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar en España, anteponiendo las necesidades de las personas, con independencia del lugar donde residan.
NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN
Adicionalmente, han reflejado, el nuevo modelo tiene que proporcionar una financiación suficiente para que las comunidades autónomas puedan prestar todos los servicios públicos de los que son responsables, con unos niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficit en el horizonte de 2020.
Por ello, han asegurado, se debe construir un sistema equitativo, que equipare en recursos a las distintas regiones.
Así, el nivel de gasto debe estar protegido de las oscilaciones del ciclo económico.
En este sentido, ambos gobiernos apuestan por la constitución de una garantía a largo plazo mediante reglas de gasto reformadas y la creación de un fondo de reserva, de forma que se protejan los recursos necesarios para la prestación de tales servicios.
Asimismo, debe asegurarse la aplicación del principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas, y de éstas entre sí. Ello significa, en primer lugar, que las nuevas necesidades de gasto deben ir acompañadas de los recursos correspondientes, puesto que la mayoría de las normas que regulan los niveles de prestación de los servicios públicos fundamentales emanan del Estado, y éste debe comprometerse con su financiación. Y en segundo lugar, ha de acometerse un proceso de armonización fiscal. Ésta es una condición necesaria para que cualquier sistema de financiación autonómica funcione de manera eficiente y equitativa.
Para concluir, debe abordarse la problemática derivada de los déficit presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica desde el inicio y, particularmente, en el periodo comprendido entre 2002 y 2017, y que se han traducido en un nivel de deuda que amenaza la viabilidad financiera de la totalidad de comunidades autónomas de régimen común.
Con la finalidad de repartir equitativamente los esfuerzos y potenciar al máximo la rentabilidad social del gasto público, todos los principios enunciados anteriormente deben contemplarse en el diseño de la financiación de los servicios prestados por las corporaciones locales a los ciudadanos yla determinación de los objetivos de déficit de los diferentes niveles de administraciones públicas.
El nuevo modelo de financiación debe ser sencillo, transparente y predecible; y por tanto, permitir la planificación a medio y largo plazo, para contribuir a una mejor consolidación fiscal en las comunidades autónomas.
