Redacción DEx, 15 de abril de 2025.- Más de 50.000 trabajadores de la administración extremeña cobrarán ahora lo que se les prometió en 2020. La deuda se completará en 2027, siete años después del compromiso original.
Cuatro años después de que se aprobara, y tras varias legislaturas, la subida salarial del 2% prometida a los empleados públicos de Extremadura en 2020 empieza a hacerse realidad. La Junta ha confirmado que en la nómina de este mes de abril se abonará el primer pago de una deuda histórica con el personal funcionario y laboral de la administración regional.
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Victoria Bazaga, lo explicó este miércoles tras el Consejo de Gobierno. La medida —autorizada por el propio Consejo y ejecutada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública— supondrá un primer desembolso de 8,3 millones de euros, correspondiente a los once primeros meses de 2020.
Bazaga recordó que este acuerdo fue sellado con las centrales sindicales en la Mesa General de Negociación, y anunciado ya por la presidenta María Guardiola como parte del compromiso del actual Gobierno regional con la recuperación de derechos laborales.
“Los empleados públicos recibirán en la nómina de este mes el primer pago de una cantidad que se les debía y que el anterior Gobierno dejó sin abonar”, afirmó Bazaga, en un mensaje cargado de intención política.
En total, el montante comprometido asciende a 25 millones de euros, que se repartirán en tres pagos: abril de 2025, el primer cuatrimestre de 2026 y el primer cuatrimestre de 2027. Será entonces, siete años después del compromiso original, cuando se haya saldado completamente una deuda que afectaba a más de 50.000 empleados públicos extremeños.
La portavoz de la Junta también subrayó que Extremadura era la única comunidad autónoma del país donde este incremento salarial todavía no se había abonado. Una anomalía que, según el Ejecutivo, se corrige ahora como acto de justicia y responsabilidad institucional.
Con esta medida, el Gobierno de Guardiola busca dar un paso hacia la reconciliación con un colectivo muchas veces tensionado por la demora de decisiones políticas. Los sindicatos valoran el cumplimiento del acuerdo, aunque advierten que quedan aún retos por resolver, como la mejora estructural de las condiciones laborales y la estabilidad de las plantillas.
