La Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma ha negociado y acordado la aplicación de la subida salarial del 0,9% a los empleados públicos en los términos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021. Este incremento se hará efectivo durante el primer trimestre del año y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Esa es la propuesta que la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha planteado a los representantes de los empleados públicos y cuyo acuerdo se ha adoptado por unanimidad en el citado foro.
En este sentido, la titular de Administración Pública ha destacado el consenso de la propuesta y ha mantenido que el Ejecutivo extremeño continuará en el constante diálogo con los sindicatos para la mejora de los servicios públicos y de las condiciones de los empleados de la Administración regional.
Sobre el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica, la vicepresidenta primera se ha referido a la caída del 14% del PIB regional y a los indicadores de los precios, que se ha mantenido en el 0,5%, motivo por el cual ha realizado un llamamiento a la responsabilidad, a la solidaridad y al esfuerzo de todos para destinar los recursos necesarios para paliar los efectos derivados de la pandemia.
Este incremento se suma a la subida salarial del 2% de las retribuciones básicas y del complemento de destino aplicada en las nóminas de la totalidad de los empleados públicos desde el mes de diciembre de 2020.
Este acuerdo habilita, a su vez, a que la Universidad de Extremadura, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), Avante y la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (Gpex) puedan aplicar esta subida salarial a sus empleados.
hay que señalar que CSIF, durante el transcurso de la mesa, ha insistido en que no va a renunciar al cobro de la totalidad del incremento salarial del 2% que engloba el carácter retroactivo a enero de 2020 y los haberes no abonados. Y es que los trabajadores públicos del Ejecutivo regional soportan una pérdida de poder adquisitivo, acumulada los últimos 11 años, entorno al 17,9 por ciento.
