El Ministerio admitiría así, de alguna manera y como ha defendido esta organización durante estos años, que el papel de la fauna silvestre como fuente de contagio de la tuberculosis bovina a la ganadería merecía de la adopción de medidas específicas y urgentes, porque el aumento de la incidencia de la enfermedad está demostrando que lo hecho hasta ahora no era suficiente.

La nueva norma, que de salir adelante prevé un horizonte de entrada en vigor en enero de 2019, introduce el elemento de la salud pública en el tratamiento de este problema, lo que permitiría que las actuaciones se decidan a nivel del Estado. Al mismo tiempo admite que la tuberculosis bovina presenta implicaciones también sobre la economía, la biodiversidad, la calidad de las especies cinegéticas y -aquí está el meollo del asunto- el estancamiento en la labor de erradicación de la enfermedad en el ganado.

El Ministerio considera que las medidas incluidas en el Programa de Erradicación de la Tuberculosis no son suficientes, al actuar solamente sobre el ganado bovino, y que deben ampliarse a otras especies domésticas y silvestres y contar con la implicación de todos los actores y agentes implicados: administraciones, sectores ganaderos, cinegéticos, conservacionistas, científicos…

La norma establecería una nueva estructura de actuación, de manera que se identifican los factores de riesgo que en un determinado espacio contribuyen a hacer más peligrosa la enfermedad. Estos factores de riesgo incluyen estudios sobre presencia de especies silvestres sensibles, factores ambientales, evidencias de transmisiones entre ganado y fauna salvaje, estado de la enfermedad en el ganado, sistemas de manejo…

En función de la combinación de estos factores cada comarca o unidad epidemiológica se clasificaría en función de su nivel de riesgo (bajo, moderado o especial) y las medidas a implantar serían proporcionadas a dicho nivel, que afectarían tanto al ganado doméstico como a fauna cinegética y silvestre.

UGAMA pide las auditorías de bioseguridad para que los veterinarios decidan las medidas a adoptar en cada explotación

En las áreas de mayor riesgo podría, por ejemplo, limitarse la alimentación suplementaria de la caza, aplicar medidas de bioseguridad, ampliar períodos de batidas, aplicar planes sanitarios obligatorios o exigir la instalación bebederos o comederos de uso exclusivo para el ganado bovino, entre otras.

Finalmente, una de las cuestiones que más destaca la organización, es la nueva figura de las auditorías de bioseguridad en relación a la tuberculosis, que habrá que esperar a ver cómo queda y que, en principio, parece que estaría dirigida a las explotaciones extensivas de vacuno. Estas ganaderías, deberían pasar la nueva auditoría en las que veterinarios formados específicamente analizarían su historial, situación, manejo, alimentación, uso de fuentes de agua, puntos de riesgo o abundancia de fauna en los alrededores, además de otras cuestiones.

En función de los resultados de la auditoría los veterinarios harían recomendaciones sobre las medidas que deberían acometerse en la explotación (cerramientos y estructuras selectivas, manejo de abrevaderos y otros puntos de agregación, uso de pastos y manejo de ganado, etc.). Ganadero y veterinario confirmarían si consideran idóneas las medidas propuestas y si se pueden aplicar y se establecería un calendario para su realización, controlando que medida se van implementando y sus posibles adaptaciones.

Todo está aún por definir, pero es un tema que desde Unión de Uniones seguirán “muy de cerca para que esto abra realmente una vía de solución al problema y no se convierta en una nueva carga y en nuevos costes y gastos para el ganadero”.

Fuente: Agroinformación

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