Mérida.- La organización agraria La Unión ha elevado una petición formal para la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura. El objetivo es esclarecer las incertidumbres que rodean al proyecto de regadío de Tierra de Barros y, si fuera necesario, “depurar responsabilidades políticas”.
Desde el comienzo del proyecto, tanto la Administración como los regantes han invertido “cantidades importantes de fondos”, pero la viabilidad futura del proyecto sigue siendo una incógnita. “Los futuros regantes y los ciudadanos extremeños hemos financiado gastos que parecen no tener propósito”, enfatizó Luis Cortés, secretario técnico de La Unión.
A pesar de contar con un presupuesto asignado de 41,53 millones de euros para 2023, las expropiaciones no se han pagado y los gastos acumulados hasta la fecha permanecen en sombras. Cortés también señaló que muchos regantes ya han contribuido económicamente a la constitución de la Comunidad de Regantes, una inversión que ahora parece estar en riesgo.
La Unión Extremadura ha instado a los partidos políticos con representación en la Asamblea a apoyar la formación de una comisión que aclare “todos los datos relevantes” del proyecto. Es “imprescindible” que los agricultores y ciudadanos conozcan qué ha sucedido, el futuro del proyecto, los errores cometidos, los gastos inútiles, la disponibilidad real de agua para riego sin comprometer el suministro a las poblaciones, y la identidad de los responsables técnicos y políticos.
Cortés advierte que no se puede jugar con las esperanzas de los regantes ni paralizar nuevas concesiones de pozos por un proyecto que no se materializa, ni permitir que los intereses de los agricultores sean moneda de cambio en disputas partidistas.
Nota: Este artículo es una pieza original basada en la información suministrada y no debe ser interpretada como un informe factual.
