“En más del 90 por ciento de los casos se ha conseguido parar la ejecución hipotecaria”, principalmente mediante la reestructuración de la deuda pendiente, ha señalado el consejero, quien ha indicado que las oficinas de intermediación bancaria han realizado cerca de 4.000 actuaciones para mediar entre los bancos u otros acreedores y las familias en riesgo de ejecución hipotecaria, referidas tanto a viviendas en propiedad como a alquileres.
Durante el último año los desahucios en Extremadura se han reducido en más de un 49 por ciento, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en lo que constituye “el mejor resultado desde 2008”, ha afirmado el consejero, quien ha comparecido acompañado por la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque.
LOS DESAHUCIOS DE VIVIENDAS FAMILIARES SE REDUCEN UN 51 POR CIENTO
En lo que se refiere a ejecuciones hipotecarias sobre viviendas familiares, el consejero ha informado de que los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que este tipo de desahucios han disminuido en la región un 51’5 por ciento en este año.
“En algo tiene que haber influido la puesta en marcha de este servicio” para que se registren estos datos tan positivos, ha manifestado José María Vergeles, quien ha recordado que cuando se inició esta legislatura, a mediados de 2015, en Extremadura se registraba un incremento de las ejecuciones hipotecarias, mientras que la media de desahucios en el conjunto del país ya estaba disminuyendo.
El consejero ha hecho estas declaraciones poco antes de saludar a los abogados que se van a incorporar a las oficinas de intermediación bancaria, que inician hoy en Mérida un período de formación especializada para desarrollar esa tarea.
Vergeles ha manifestado que los datos sobre la reducción de las ejecuciones hipotecarias “son para sentirse satisfechos” y para felicitar a los profesionales que trabajan en las oficinas de intermediación bancaria, puestas en marcha hace poco menos de un año por la Consejería, con la colaboración de los colegios de abogados y las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres.
