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Los apicultores extremeños protestarán masivamente en Madrid por su grave situación y ante la inacción de la Junta y el Ministerio

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UPA-UCE fletará hasta diez autobuses a la concentración convocada por las organizaciones agrarias este 9 de marzo, a las 12.00 horas, frente al Ministerio de Agricultura

UPA-UCE Extremadura acudirá masivamente este jueves, 9 de marzo, a la concentración convocada en Madrid conjuntamente con ASAJA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias frente al Ministerio de Agricultura, con el objeto de protestar por la grave situación que atraviesa el sector, provocada por la subida de los precios, la importación de mieles extranjeras, la sequía y problemas sanitarios, y ante la inacción de las administraciones regional y nacional.

Desde Extremadura serán fletados hasta diez autobuses en representación de los más de 1.150 apicultores y apicultoras de la región, que ya se manifestaron masivamente el pasado 24 de enero en Mérida para solicitar un encuentro con el presidente de la Junta. Un mes y medio después, y sin tener respuesta por parte del Ejecutivo regional, el conjunto del sector viajará a Madrid para volver a reclamar un plan de medidas urgentes que contenga las amenazas que están poniendo en riesgo la continuidad también de las explotaciones extremeñas.

Así, el sector reivindicará, entre otros, revertir principalmente dos discriminaciones que viene padeciendo. Por un lado, la recuperación del abono de los 20 céntimos por litro de combustible, suprimido este 2023 y de cuyas medidas compensatorias ha quedado fuera la apicultura. Y por otro lado, una mayor vigilancia de la aplicación de la normativa de etiquetado de origen, para luchar contra el desplazamiento que la miel nacional está sufriendo en los supermercados.

Lo que viene denunciando la organización agraria es que el consumidor se está encontrando en los lineales mieles mezcladas de terceros países, con costes de producción muy por debajo del coste local, y en las que el porcentaje de miel española es testimonial o nula.

Por ello, una evaluación de esta normativa para evitar el uso fraudulento del origen español y una campaña informativa al consumidor final son algunas de las medidas que el sector reclama a las administraciones con carácter urgente.

 


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