El colectivo ha explicado en un comunicado que no se cansarán de pedir al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a su gobierno y a los parlamentarios extremeños que tomen las acciones o medidas políticas que «satisfagan las necesidades vitales y los derechos sociales de muchas familias extremeñas».
En la actualidad, según han señalado, en Extremadura hay un «elevado» desempleo, así como de riesgo de exclusión social y «mucha pobreza», por lo que han considerado que el Ejecutivo regional debe profundizar en la lucha contra estas carencias materiales, que se aprobaron por la Asamblea a comienzos del año 2016 dos leyes, la de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social y la de Emergencia Social de la Vivienda.
Asimismo, los Campamentos Dignidad han considerado que las cantidades estimadas en el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma extremeña para 2018, que se debate este lunes y martes en la Asamblea de Extremadura, «se quedan muy lejos» de las establecidas en las leyes mencionadas y son «muy insuficientes» para atender las necesidades en derechos sociales de miles de familias extremeñas, tras lo que han asegurado que los grupos políticos están olvidando las cantidades aprobadas en estas leyes para combatir la renta básica, los mínimos vitales, las contingencias y los alquileres de viviendas.
En cuanto a la lucha contra el desempleo, el colectivo ha manifestado que las cantidades estipuladas en el Plan de Empleo Social son «totalmente insuficientes» y «no van aminorar el paro» en la región ya que «no dan para mucho los 24 o 25 millones» que contempla dicho plan.
El Plan de Empleo Social, según los Campamentos Dignidad, tiene como objetivo específico combatir la exclusión social, aunque su acción tiene una duración de 6 meses, durante los cuales «está dando trabajo a unas 2.000 personas con 1.000 euros por mes por puesto de trabajo descontando las cotizaciones sociales», y, en algunos casos, las contrataciones alcanzan «sólo al 70 por ciento de la jornada».
Por ello, desde el colectivo consideran que este plan de empleo «pocas» perspectivas de futuro ofrece a las personas y a la actividad económica, por lo que, bajo su opinión, «no es una manera seria de combatir el desempleo» en una comunidad autónoma en la que hay «casi 130.000 parados estadísticamente», tras lo que han señalado que se necesita un presupuesto «suficiente» para poner en marcha medidas que recuperen actividad económica, «saquen del paro a miles de personas y desarrollen proyectos de futuro».
ALQUILER DE VIVIENDAS
Por otro lado, los Campamentos Dignidad han reiterado que otro asunto «muy preocupante» es la «enorme necesidad» de viviendas que tienen muchas familias extremeñas, necesidad ante la que «permanecen sordos y ciegos» los representantes políticos, tras lo que han manifestado que hay que acabar «de una vez por todas» con los desahucios de viviendas.
En este sentido, desde el colectivo consideran que las administraciones públicas tienen que intervenir apoyando a todas estas familias que sufren los desahucios de sus viviendas y se quedan en la calle sin un techo para dormir, y «en muchos casos siendo criminal izadas y castigadas por las propias administraciones y propiciando su rechazo social».
Por ello, y «de manera inmediata», según los Campamentos Dignidad, la Junta de Extremadura tiene que ponerse «manos a la obra» y acometer una política «seria» de viviendas de la que carece la región en estos momentos y que debe asumir mediante la negociación y/o compra de un «importante» número de edificios ociosos vacíos, que pertenecen a entidades bancarias o a ciertas instituciones públicas para recomponerlas y concederlas en alquiler social.
Estas edificaciones que están sin habitar con el paso del tiempo sufren un «continuo deterioro», por lo que es necesario una intervención para ponerlas en manos de la población como alquileres sociales, además de que estas políticas de viviendas «pueden generar mucho empleo y muchos puestos de trabajo», señala este colectivo.
Finalmente, los Campamentos Dignidad han reiterado la «necesidad» de que la Junta de Extremadura, y «especialmente» la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, elimine «mucha de la inútil burocracia administrativa» que se utiliza para encontrar motivos que permitan denegar a las familias ciertos derechos sociales como la renta básica o los mínimos vitales, así como se facilite toda la ayuda que necesiten las familias que acuden a tramitar la documentación necesaria para conseguir estos derechos sociales.
