Los funcionarios están muy disconformes al tener supedidata la subida salarial del 2% a las condiciones de estabilidad presupuestaria

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La Junta muestra su disposición para aplicar la subida salarial del 2 por ciento a todos los empleados públicos de la Administración, tal y como se recoge en el acuerdo firmado en Madrid por el Gobierno de la nación y los representantes sindicales, pero supeditado a las condiciones de estabilidad presupuestaria.

Así se lo ha trasladado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, a los representantes sindicales en la Mesa General de Negociación de la Administración, celebrada este viernes, una vez que ya se han aprobado tanto los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020 como el Real Decreto Ley para el incremento retributivo.

En el marco de la negociación, Blanco-Morales ha explicado que para poder llevar a cabo este incremento es necesario abordar un ajuste en otras medidas para que la subida salarial beneficie a la totalidad de los empleados públicos extremeños, subida que se aplicaría con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020.

La titular de Administración Pública ha explicado que las cuentas regionales crecen un 3,6%, mientras que el Capítulo I, destinado a gastos de personal, sube muy por encima de esa cifra, en torno al 7%, por lo que con el crecimiento del presupuesto no es asumible la subida de este capítulo en los términos anteriormente establecidos.

Hay que tener en cuenta que el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo, firmado en marzo de 2018 por el Estado y los representantes sociales, condiciona la aplicación de la subida salarial al cumplimiento de los objetivos de estabilidad. La Comunidad extremeña, según las actuales previsiones, cerrará el ejercicio de 2019 con un déficit de en torno al 1% del PIB, por encima del límite establecido.

La vicepresidenta primera ha emplazado a los representantes sociales a una nueva reunión de la Mesa General de Negociación la próxima semana, de forma que ambas partes continúen la negociación de estas medidas, en una clara voluntad del Ejecutivo regional de alcanzar un acuerdo para aplicar el incremento salarial.

Entre otras medidas, se abordarán y concretarán las diferentes medidas que tienen los empleados públicos, su análisis respecto a otras comunidades autónomas, para alcanzar un acuerdo razonable, asumible y con un calendario acorde a la situación económica.

Más tarde, se han celebrado las Mesas Sectoriales extraordinarias de Administración General y Comisión Negociadora para el Personal Laboral, de Educación,  y de Sanidad, en las que se ha dado traslado a los agentes sociales de los acuerdos adoptados en la Mesa General de Negociación.

REACCIÓN DE LOS SINDICATOS

Por su parte, el sindicato Satse ha criticado que la Junta busque el enfrentamiento entre empleados con tal decisión,  CSIF Extremadura, se muestra preocupada  a través de su presidente regional Benito Román, ya que ” la desviación del déficit en 2019 no va a permitir que los empleados públicos tengan aquello a lo que se comprometió la Junta en 2018″.Asimismo,  CCOO-Extremadura, ha calificado como un jarro de agua fría la reunión, a la vez que ha afirmado que “Nos han planteado una situación muy difícil que los empleados públicos no van a entender”.UGT Extremadura ha mostrado su sorpresa ante la situación planteada y ha advertido que si no hay acuerdo se valorará la posibilidad de convocar movilizaciones. Y por último,  USAE (SGTEx, SAE y PIDE),  ha anunciado que denunciará a la vicepresidenta por prevaricación ” por no permitir su participación en este órgano de negociación, que según ha apuntado se ha constituido con los resultados de las elecciones sindicales de 2014 y no con los de 2018, cuando esta organización obtuvo el 22 por ciento de los votos emitidos.”


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