Magistrados alertan de un posible colapso pese al refuerzo anunciado por el Ministerio
Juan Preciado para Digital Extremadura, Madrid/Extremadura, 3 de octubre de 2025.- A partir de este viernes, todos los delitos contra la libertad sexual y la trata de seres humanos cuya víctima sea una mujer pasarán a ser competencia de los Juzgados y Secciones de Violencia sobre la Mujer. Hasta ahora, estos órganos solo entendían de los casos de violencia de género ejercida por hombres contra sus parejas o exparejas.
Se trata de una ampliación derivada de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que adapta el ordenamiento español al Convenio de Estambul —ratificado por España en 2014 y por la UE en 2023—, con el objetivo de prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres, especializando a los jueces en esta materia.
Competencias desde hoy
Fuentes del Ministerio de Justicia han precisado que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer solo conocerán los delitos cometidos a partir de este viernes, manteniéndose en los juzgados ordinarios los asuntos ya en curso.
El departamento de Félix Bolaños defiende que este cambio garantiza “un mejor servicio y protección a las víctimas”, puesto que los magistrados habrán recibido formación específica en igualdad y violencia de género, evitando así “revictimizar” a las afectadas.
Refuerzos prometidos
Para afrontar este aumento de carga de trabajo —un 12,9% de media según el CGPJ— el Gobierno aprobó en junio la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento del 42% en la plantilla de jueces de violencia.
Hasta ahora se han autorizado 15 medidas de refuerzo (sustitutos o comisiones de servicio) que apoyarán a 25 juzgados, mientras se completa la incorporación definitiva. Además, Justicia ha solicitado al CGPJ reactivar el Observatorio de Violencia doméstica y de género, que no se reúne desde febrero, para monitorizar la implantación de estas nuevas competencias.
El malestar de jueces y funcionarios
Magistrados de violencia sobre la mujer denuncian que la ampliación llega a juzgados ya “saturados” y con medios insuficientes. Hablan de una “sobrecarga del 20%” y califican la medida de “reforma a coste cero” que “pone en riesgo la atención integral a las víctimas”.
La jueza de instrucción Verónica Ponte (AJFV) considera que no hay razones para apartar a los juzgados ordinarios de este tipo de delitos: “La empatía para tomar declaración a las víctimas ya se practica sin problemas”.
También el sindicato STAJ advierte de un “grave riesgo de colapso” si no se refuerzan los cuerpos de funcionarios de apoyo, alertando de que “más jueces sin más personal de oficina es ineficaz”.
Lupa DEx
El movimiento busca adaptar la Justicia española a los compromisos internacionales en igualdad y violencia de género. Sin embargo, la letra y la música no coinciden: el Gobierno promete refuerzos, pero los jueces insisten en que llegarán tarde y mal. La reforma nace con el pie cambiado, sin medios materiales suficientes y con la sospecha de que el lema “Justicia más humana y cercana” se quede en un eslogan vacío.
La clave, como tantas veces, será si las víctimas de violencia sexual y trata reciben una atención ágil, segura y eficaz, o si terminan atrapadas en un engranaje judicial más lento, burocrático y colapsado.
