La cadena agroalimentaria está formada por un ciclo de producción – transformación – comercialización, muy complejo. Se inicia en los productores, agricultores y ganaderos, se continúa con la industria agroalimentaria cuando hay selección, acondicionamiento o transformación del producto y finaliza en la distribución. En muchos casos pueden participar intermediarios.
Debido a su complejidad, cualquier actuación sobre la cadena y especialmente el intento de “topar”, verbo que se ha puesto de moda, el precio de los productos finales, tal y como propugna algún partido populista del gobierno de coalición, puede traer consecuencias negativas para los componentes de la misma y especialmente para el productor, que es la parte más débil y la que asume más riesgos en la cadena de alimentación.
El precio que deberían recibir los productores, ha de estar basado en los costes de producción que soportan, incrementado en un beneficio razonable, de modo que la renta de las explotaciones agrarias permita un nivel de vida digno a agricultores y ganaderos.
Influirán también en la formación del precio percibido, el nivel de cosecha que haya en una campaña determinada, volumen de existencias sin vender de campañas anteriores, o importaciones de terceros países. Y en último extremo influirá la renta de los consumidores que adaptarán su consumo al nivel de disponibilidad que tengan. Es decir, actúa la ley de la oferta y la demanda.
A partir del productor y hasta llegar al consumidor los precios se incrementan por el coste de las operaciones de acondicionamiento, transformación, transporte y mermas, a las que ha de añadirse el beneficio de los intermediarios que actúan y el de la distribución que pone el producto fresco o transformado en manos del consumidor final.
Desde mediados del año 2021, por la situación geo política del mercado mundial y por la influencia de la guerra de Ucrania, se ha producido un desmesurado incremento de los costes de producción en origen.
Con datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre octubre del año 2021 y el mismo mes del año 2022, la variación de costes de los insumos agrarios ha experimentado la siguiente variación.
Piensos compuestos: + 32,46 %; Alimentos para el ganado: +33,03 %; Fertilizantes: + 54,01 %; Productos fitosanitarios: +20,21 %; Carburantes: +63,42 %; Semillas y Plantones: +3,12 %. Solamente la electricidad había disminuido un 11,49 % en este período, pero ha de tenerse en cuenta las espectaculares subidas experimentadas con anterioridad. A esto ha de añadirse el incremento de los costes laborales por el alza en el importe del Salario Mínimo Interprofesional.
Analicemos los datos del IPOD (índice de Precios en Origen y Destino) editado por la organización agraria COAG. Veamos cómo han evolucionado los precios de algunos productos esenciales considerando los precios medios del primer y cuarto trimestre del año 2022.
En origen, precios percibidos por los productores, la evolución de los precios ha sido la siguiente:
Aceite de Oliva Virgen Extra: + 48,83 %; Patata: + 94,12 %; Tomate ensalada: -30,22 %; Plátano: + 57,69 %; Ternera: +14,71 %; Pollo + 3,03 %; Cerdo: + 38,25 % Huevos: +29,28 % y Leche de vaca: + 34,26 %.
En destino, precios pagados por los consumidores, la evolución de precios para estos mismos productos ha sido:
Aceite de Oliva Virgen Extra: +29,26 %; Patata: +35,59 %; Tomate ensalada: – 3,78 %; Plátano: +16,19 %; Ternera: +12,92 %; Pollo: + 6,71 %; Cerdo: + 5,25 %; Huevos: +28,89 % y Leche de Vaca: +23,81 %.
Entre origen y destino, entre el productor y el consumidor, los precios agrícolas se incrementaron 4,56 veces de media durante el año 2022 y los ganaderos 2,84 veces.
Estos fuertes incrementos de los precios entre origen y destino son típicos, de siempre, en la cadena agroalimentaria y muchas veces no se encuentra explicación a estas grandes diferencias entre los precios que perciben los productores y lo que le cuesta el producto al consumidor, salvo el hecho de que haya intermediarios en el proceso que se estén forrando.
Las cifras anteriormente consideradas explican que el IPC de la alimentación en el año 2022 haya subido hasta el 15,7 %, poniendo el coste de la cesta de la compra para los consumidores en niveles que no se daban desde hace muchos años.
Las posibles soluciones para poder reducir el montante de la cesta de la compra están basadas en que los costes de los insumos que necesita el productor para obtener sus productos, vuelvan a precios razonables, como estaban antes de esta crisis de precios y que los altos beneficios que se llevan algunos intermediarios en la cadena agroalimentaria se moderen a niveles razonables. Esta reducción sería más factible si hubiera relación lo más directa posible entre el productor y la distribución o el consumidor, eliminando intermediarios.
Por último, el Estado puede echar su cuarto a espadas, reduciendo el IVA de productos de primera necesidad sobre los que todavía no ha actuado como la carne, el pescado o las conservas.
Si se trabaja conjuntamente en estas tres líneas, es posible que la cesta de la compra vuelva a niveles parecidos a los que había antes de esta crisis. Pero si los precios de insumos básicos como los piensos, fertilizantes, carburantes, energía o agua no se moderan, el objetivo casi con toda seguridad será inalcanzable.
Y un aviso a navegantes: la apuesta que están haciendo políticas como la PAC o los planes hidrológicos, por dar prioridad al medio ambiente sobre las producciones agrarias, colaboran, al reducirse la oferta de productos en origen, al incremento de los precios. Esta cuestión no debieran olvidarla los políticos que dirigen el cotarro.
