Así lo ha señalado en una rueda de prensa en Mérida el secretario general FSC-CCOO de Correos de Badajoz, Pedro Sánchez Martín, y la secretaria regional de UGT-Correos, Mercedes Ardila Cazorla, que han informado de la situación de la empresa de servicio postal tras el recorte de la financiación pública.
Sánchez ha subrayado que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año se refleja un recorte de 60 millones de euros en las cuentas iniciales de 180 millones, a lo que ha agregado que «el coste real del servicio universal» de Correos asciende a un total de 230 millones al año.
No obstante, ha continuado, el Gobierno central mantiene ese descenso de 60 millones de euros, lo que supone «un palo» para los sindicatos, que estudian la convocatoria de movilizaciones de protesta, inclusive una jornada de paro general en el país para trata de contrarrestar la medida gubernativa.
En este sentido, el sindicalista ha explicado que esperan que en el debate de las enmiendas a los PGE en el Congreso de los Diputados se atiendan las demandas en favor de los recursos de Correos.
Sobre las consecuencias para el servicio en la Comunidad Autónoma, Sánchez Martín ha resaltado que se perdería aproximadamente un tercio de la plantilla actual, integrada por unos 1.500 trabajadores, así como el cierre de muchas de las 260 oficinas existentes, especialmente en las zonas rurales.
A su juicio, el Gobierno central trata de hacer «quebrar» a Correos con el fin de «acabar con ella» y hay «lobbys privados» que intentan hacerse con el mercado de la paquetería.
Ante todo esto, el sindicalista de CCOO ha exigido que se elabore «un plan logístico» 2017-2021 que favorezca el futuro del servicio público de correos.
Por su parte, Ardila Cazorla ha aseverado que la Ldey de 2010 sobre Correos garantiza la prestación del servicio a la ciudadanía pero que éste «no llega» porque el texto legal no ha sido desarrollado.
Ha agregado que cada vez hay menos trabajadores, unos 11.000 menos en el conjunto del país desde 2011, por cuestiones como «la tasa de reposición cero» cuando se producen bajas en la plantilla, a lo que ha añadido que el servicio que se presta a la población es progresivamente menor y de peor calidad.
En su opinión, el objetivo del Ejecutivo central es «ahogar» a Correos.
Ambos sindicatos aseguran que representan a aproximadamente el 90 por ciento de los trabajadores.
Ayer, el sindicato CSIF no descartó la huelga general en Extremadura si no se rectifica el recorte de un tercio de la financiación pública prevista para Correos en los Presupuestos Generales del Estado, que supondría una reducción de «un 20%» de la plantilla en la región.
