16 de diciembre de 2025.DEx
El Congreso de los Diputados ha dado este martes luz verde a la actualización salarial de los empleados públicos para 2025 y 2026, una medida largamente esperada por los más de 3,5 millones de funcionarios del país y que llega con efecto retroactivo, pero también envuelta en críticas políticas por la forma y el tiempo en que se ha gestionado.
La convalidación del real decreto ha salido adelante con una amplísima mayoría —309 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones— y con un apoyo clave: el del Partido Popular, que ha avalado la subida pese a cargar duramente contra el Ejecutivo por haberla pactado tarde y sin contar, según denuncian, con las administraciones autonómicas y locales.
Subidas escalonadas… y condicionadas
El texto aprobado fija una subida del 2,5 % en 2025, con efectos desde el 1 de enero, y un incremento adicional del 1,5 % en 2026, acumulable sobre el salario ya actualizado. A ello se suma una cláusula variable: medio punto más en 2026 si el IPC alcanza o supera el 1,5 %, cantidad que se abonaría en el primer trimestre de 2027.
Traducido a cifras concretas, un empleado público con un salario bruto anual de 30.000 euros pasará a cobrar 30.750 euros en 2025 y 31.211 euros en 2026, sin contar el posible ajuste por inflación. Una mejora real, aunque moderada, tras años de pérdida de poder adquisitivo.
Atrasos sí, pero con calendarios desiguales
El Gobierno ha confirmado que los 540.000 trabajadores de la Administración General del Estado cobrarán la subida de 2025 y los atrasos correspondientes en la nómina de diciembre. Sin embargo, el decreto deja margen a comunidades autónomas y ayuntamientos para decidir cómo y cuándo abonar los atrasos, que podrían repartirse incluso hasta 2028, dependiendo de la negociación sindical en cada territorio.
Una flexibilidad que introduce una clara asimetría territorial y que ya genera inquietud en algunas administraciones con cuentas más ajustadas.
Acuerdo sindical… no exento de reproches
La revisión salarial forma parte del acuerdo marco firmado con UGT, CCOO y CSIF, que prevé una subida acumulada de hasta el 11,4 % entre 2025 y 2028. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, defendió en el Pleno que se trata de garantizar buenas condiciones a quienes sostienen los servicios públicos.
No obstante, el respaldo no ha sido unánime. Grupos como BNG o EH Bildu han criticado que sindicatos territoriales como ELA, LAB o CIG hayan quedado fuera de la negociación, cuestionando la representatividad real del acuerdo.
Política de gestos… y de herencias
Mientras el PP votó a favor pero advirtió de que el pacto “condiciona a futuros gobiernos”, Vox se desmarcó con un voto en contra, alegando “improvisación e incertidumbre” en la tramitación. Los socios habituales del Ejecutivo cerraron filas, conscientes del coste político que tendría bloquear una mejora salarial tras meses de espera.
Lupa DEx
La subida llega, sí. Pero llega tarde, fragmentada y con demasiadas incógnitas en su aplicación territorial. Para los empleados públicos supone un alivio real en la nómina; para el Gobierno, una victoria parlamentaria; y para las administraciones autonómicas y locales, una factura pendiente de concretar.
El salario sube. El debate, también.
