Lejos de mí la intención de dirigirme directamente a Su Majestad el Rey, el respeto que me merece su Real Persona y mi educación me lo impiden, pero sí intitulo así este artículo, que intenta evitar UN GRAVE ERROR. Efectivamente, la intención de conmemorar la instauración de un Rey el próximo mes de noviembre ES UN GRAVE ERROR, pues el 22 de noviembre de 1975 lo que se consumó fue la INSTAURACIÓN de una monarquía ajena a la constitucional y tradicional española, una monarquía totalitaria, continuadora de la dictadura, denunciada, desde la aprobación de la ley que la sustentó, por el Rey entonces, abuelo de nuestro Rey de hoy. Esta monarquía instaurada, nada tiene que ver con la CORONA Y CON LA LEGÍTIMA MONARQUÍA ESPAÑOLA, como él bien dijo entonces, y como protestó también el Regente de la otra legitimidad monárquica española, la carlista.
No se podría hacer mayor favor al mundo republicano en general y mayor desafuero para la Corona, que el de conmemorar la continuidad del régimen del General Franco, con la consumación del acto sucesorio dictatorial, celebrando la monarquía instaurada conforme a lo dispuesto en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, Quinta Ley Fundamental del Estado franquista, celebrando así la Monarquía Constitucional y Parlamentaria un peligrosísimo enlace entre Francisco Franco – Don Juan Carlos I – Don Felipe VI, dando todo el sentido desde el Primer Instituto del Reino a una línea argumental, jurídica, dinástica e histórica falsa, para satisfacción de aquellos cuya mayor satisfacción sería el de no ver a Su Majestad la Reina Doña Leonor II sentada en el trono, es una expresión, o ver antes a su padre, fuera del mismo, otra expresión, pues como debe saberse en el Reino de España, sus Reyes, ni se coronan, ni se sientan en el trono.
Efectivamente, Don Juan Carlos fue rey instaurado, mientras era su padre, Don Juan, Rey Legítimo, que no pudo ser Rey Constitucional por impedimento dictatorial, que también le sometió a un largo exilio. El hecho histórico del abandono por parte del primero de sus prerrogativas dictatoriales para devolver la soberanía y la democracia al pueblo español, de altísimo valor, no obvia el también hecho histórico de ser rey instaurado entre el 22 de noviembre de 1975, y el 14 de mayo de 1977, momento en el que pasó a ser Rey Legítimo tras la renuncia y abdicación de su padre en un paupérrimo y desangelado acto, que no por ello deja de tener la importancia dinástica que tiene, pues no fue hasta ese momento hasta cuando Don Juan Carlos fue verdaderamente Rey, si bien incardinado todavía en un marco legal dictatorial que iniciaba, sin embargo, su tránsito a la democracia tras los resultados del referéndum para la reforma política de 1976.
Pero no estamos solamente ante un hecho histórico, sino también ante uno jurídico y legal, de ley vigente, que los insignes organizadores de los actos en Palacio y en el Congreso de los Diputados, entre ellos nada menos que varias concesiones del Insigne Toisón de Oro, ignoran o pretender ignorar, en ambos casos actuaciones no solo criticables, sino reprochables también, que denotan un desconocimiento de la ley irresponsable.
Efectivamente la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, de 19 de octubre, anuló a todos los efectos posibles el Condado de Rodríguez de Valcárcel, creado y concedido el 5 de enero de 1977, pero no lo hizo con el Ducado de Fernández-Miranda, creado y concedido el 31 de mayo de 1977, en ambos casos a Presidentes de las Cortes Españolas, el remedo de parlamento de la dictadura, ¿cual es la diferencia?
Asimismo la citada ley anula a todos los efectos los títulos nobiliarios creados y concedidos por el rey instaurado antes del citado Condado de Rodríguez de Valcárcel, en concreto el Señorío de Meirás, con Grandeza de España, por cierto en notorio fraude de ley, el Ducado de Franco, con Grandeza de España, y el Marquesado de Arias-Navarro, con la misma Grandeza de España que los anteriores, es decir, queda anulada la práctica totalidad de la acción en el ámbito de la creación y concesión de títulos nobiliarios por parte del rey instaurado.
Pero volvamos a la pregunta, pues la diferencia entre enero y mayo de 1977 es el paso de la monarquía instaurada a la Monarquía Legítima, Monarquía Constitucional el 29 de diciembre de 1978, con la entrada en vigor de nuestra Carta Magna, que arrumbó y arruinó por completo la obra de la dictadura, la monarquía instaurada, arrasándola hasta sus cimientos, por eso pretender ahora festejar el 22 de noviembre, con comida en El Pardo incluida, es un despropósito dinástico de graves pero previsibles consecuencias, que no serán otras que el regocijo del espectro republicano viendo como la Corona se ancla al franquismo, destruyéndose así la labor legitimadora de historiadores, políticos y jurisconsultos desde hace años, y lo que es imperdonable, dejando la posición e intervención de NUESTRO BUEN REY DON JUAN, a los pies de los caballos. Increíble, pero cierto, llegándose con todo ello a la conclusión que, con monárquicos como estos, no hacen falta republicanos, pues los primeros sirven a los segundos la Corona, nunca mejor dicho, en bandeja.
Desde un punto de jurídico, los actos previstos el 22 de noviembre son contrarios a la Ley, ilegales, por tanto, y sujetos a sanción, puesto que enaltecen un acto de la dictadura, del régimen del General Franco, su sucesión en la Jefatura del Estado, y en consecuencia legalmente prohibidos, hacerlos posible contraviene la norma aprobada en nuestras Cortes Generales y por ello punibles. Poco más se puede decir en este sentido, por ser muy claro lo ya dicho.
Puestos a celebrar, celébrense los 50 años de la renuncia y abdicación de NUESTRO BUEN REY DON JUAN, momento en el que su hijo, que ahora publica inconvenientes memorias en un acto que mi educación y mi lealtad a la Corona me impide calificar, fue de verdad REY LEGÍTIMO, dando el golpe de muerte a la monarquía instaurada; o celébrese en plano dinástico también el 29 de diciembre de 1978, momento en el que, con la entrada en vigor de la Constitución, SE RESTAURÓ LEGALMENTE LA LEGÍTIMA MONARQUÍA ESPAÑOLA, “en la persona de Don Juan Carlos I, legítimo heredero de la dinástica histórica”.
El 22 de noviembre de 1975, no pasó nada a celebrar, solamente, conforme a los términos legales del momento, el cambio de un dictador por otro, NO COMETAN ESTE ERROR, no se dejen llevar a él con buenas palabras, pues lo que se busca es la complicidad de la Corona para luego deslegitimarla, NO SE PRESTEN A ELLO, POR FAVOR.
Rodolfo-Francisco Orantos y Martín-Requejo.
Doctor por la Universidad de Extremadura, área de doctorado de Derecho Público; Premio Extraordinario de Doctorado. Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
