Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Valencia, firman el texto bajo el título ‘Educar en libertad y para la libertad’ y aseguran que «el veto y la censura no son admisibles».
Los consejeros de Educación de nueve comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han firmado un documento contra el ‘pin parental’ que propone Vox y defiende también el PP. Bajo el título ‘Educar en libertad y para la libertad’, los consejeros defienden que este veto a ciertos contenidos educativos «atenta contra los derechos de los menores» y «no tiene cabida» en el sistema de Educación.
El texto es una carta abierta al diario El País firmada por los consejeros de Educación de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Valencia.
Los consejeros se suman así a la guerra del Gobierno contra una medida ya implantada en Murcia, y que podría hacerlo también Madrid y Andalucía. a raíz de que Vox condicione a ello su apoyo a los presupuestos autonómicos.
El llamado ‘pin parental’ es una propuesta –liderada por Vox y apoyada por el PP– que pretende obligar a la dirección de los centros educativos a tener que informar sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI a los progenitores para obtener su consentimiento expreso. Esta medida, que supone un veto a ciertos contenidos educativos, afectaría a actividades organizadas en horario lectivo y, por tanto, a diferencia de las extraescolares, obligatorias para todos los alumnos.
«Anómala exclusión de los niños en horario escolar»
“La libertad nunca se puede expresar mediante vetos o censuras“
Los consejeros de Educación del PSOE determinan que «la libertad nunca se puede expresar mediante vetos o censuras» y critican que la iniciativa pretende «restar oportunidades de aprendizaje» al impedirles asistir a ciertas actividades, suponiendo además una «anómala exclusión» de los niños en horario escolar.
Recuerdan, además, que los padres, madres y tutores, al igual que el profesorado, están obligados a proteger, por imperativo legal», los derechos de los menores.
Añaden que la polémica del ‘pin parental’ tiene «nulo recorrido jurídico» y solo pretende «quebrar la convivencia escolar y la cultura del diálogo y la deliberación para imponer un autoritarismo ciego y acrítico».
Critican a su vez que los que promueven el ‘pin parental’ «incluso esgrimen títulos de propiedad sobre los menores, negando su condición de sujetos de derecho». Se ha referido así a palabras como las del propio Casado, que ha dicho este mismo lunes que los hijos «son de los padres», matizando después que los padres tienen la tutela, aunque no la «propiedad» de los mismos.
«Su compromiso democrático así como su adhesión a los principios constitucionales son, a todas luces, inexistentes», prosigue el texto.
Los poderes públicos, «obligados a proteger el derecho a la educación»
En la misiva, los firmantes determinan que «los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación» que recoge el artículo 27 de la Constitución española y el «derecho a la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho a ser oído y escuchado y el derecho de participación, asociación y reunión» de los menores. Derechos que «se deben ejercer progresivamente tanto en el medio escolar como en el familiar».
Y sobre el derecho de los padres de elegir la educación de los hijos, que esgrimen PP y Vox, el texto añade que en los colegios e institutos, a través de sus Consejos Escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa (profesores, padres y alumnado) acuerda sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección «que es la encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos».
«Como responsables en nuestras comunidades autónomas de proteger y garantizar el derecho a la educación de los menores y sus derechos fundamentales, recogidos en la Constitución y en otras leyes vigentes, concluimos que los vetos y censuras son absolutamente incompatibles con el fomento del desarrollo de la autonomía y de la independencia de juicio de los menores que es la misión de la educación», zanjan los consejeros en su misiva.
La carta concluye afirmando que «se cimienta así, con bases sólidas, el ejercicio futuro de la ciudadanía en una democracia constitucional. En España educamos en libertad y para la libertad».
