transporte escolar

Más de 70 millones de euros para el servicio de transporte a centros docentes extremeños para los cursos escolares 2021/2022 y 2022/23 (

Autorización para contratar, por acuerdo marco, el servicio de transporte a centros docentes para los cursos 2021/22 y 2022/23

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación, por acuerdo marco, del servicio de transporte a centros docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los cursos escolares 2021/2022 y 2022/23 (prorrogables por otros dos cursos más)con un valor estimado de más de 70 millones de euros.

De este servicio se beneficiarán más de 17.000 alumnos y alumnas del sistema educativo extremeño que cursan las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, las etapas de la Enseñanza Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. En total son más de 600 rutas de transporte escolar.

El acuerdo marco, que será tramitado por el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC), comprenderá la selección de las empresas de transporte escolar adjudicatarias del mismo, los términos básicos y los precios unitarios máximos de los contratos  y otras condiciones generales de la prestación del servicio.

Las características de ruralidad de nuestra Comunidad Autónoma y la dispersión geográfica en pequeños núcleos de población condicionan la prestación del servicio educativo, por lo que el transporte escolar, como servicio educativo complementario, constituye un elemento clave para garantizar una educación de calidad del alumnado extremeño, evitar el abandono escolar y contribuir a su acceso a la educación superior.

Con el objetivo de mejorar la gestión del proceso de contratación del servicio de transporte, además de obtener precios más ventajosos que conlleven un ahorro, se considera necesario celebrar un acuerdo marco para asegurar el desplazamiento de los alumnos beneficiarios hasta los centros de enseñanza.

Se incorporan, además, medidas de carácter laboral y social durante la ejecución del servicio para los trabajadores de las empresas adjudicatarias, con el fin de garantizar unas mejores condiciones de trabajo que a su vez tengan incidencia directa en la prestación y en la calidad del servicio.