R. DEx. Badajoz/Mérida, mayo 2025. Miguel Ángel Gallardo, el mayor peso pesado actual del socialismo extremeño y aun presidente de la Diputación de Badajoz, ha anunciado su renuncia al cargo para tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura.
Una jugada política que, según sus propias palabras, responde a la necesidad de «liderar el debate parlamentario con la presidenta de la Junta, María Guardiola, desde la primera línea «. Sin embargo, la interpretación en los círculos políticos va mucho más allá de lo meramente institucional.
Para que Gallardo pueda ocupar su escaño, ha sido necesario un movimiento de piezas no exento de fricción: un actual diputado socialista debe renunciar a su acta, y tres candidatos más en la lista autonómica tienen que declinar voluntariamente su derecho a ocupar el puesto. Un gesto de alineación interna que, en otros tiempos, se habría vendido como disciplina de partido, pero que hoy levanta sospechas entre propios y extraños.
Y es que la sombra del caso David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, planea con fuerza sobre esta maniobra. Gallardo está imputado en la investigación judicial que salpica al entorno de Sánchez por presunta contratación irregular en entidades públicas. Aunque el líder pacense ha negado cualquier implicación directa, su salto al Parlamento autonómico le otorgará aforamiento, un blindaje jurídico que implicaría que, de continuar el procedimiento, su causa pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y no seguiría en los juzgados ordinarios.
«El señor Gallardo no va al Parlamento a liderar la oposición, va a protegerse», denuncian desde filas populares, donde la presidenta Guardiola ya ha evitado, por ahora, valorar el movimiento, aunque en privado lo consideran una «huida hacia adelante». Por su parte, desde la dirección del PSOE extremeño se intenta cerrar filas en torno a su actual líder: “Nadie mejor que Miguel Ángel para hacer frente a una legislatura marcada por los recortes y la confrontación institucional”.
La renuncia al cargo en la Diputación supone el final de una etapa de casi una década al frente de una de las instituciones más poderosas del mapa político extremeño, con un estilo marcado por la centralización de servicios, el control férreo de los tiempos políticos y una estructura de confianza tejida en torno a alcaldes socialistas de la provincia. Su salida abre un escenario incierto en Badajoz, donde ya se habla de relevos posibles y pugnas internas por la sucesión.
A ojos de los analistas, la maniobra deja entrever un PSOE que busca recomponerse en la oposición con un liderazgo reconocible frente al empuje de Guardiola. Pero también expone al partido a nuevas críticas por anteponer estrategias judiciales a las necesidades del territorio. En este tablero, Gallardo no es un peón que se mueve, es el alfil que se sacrifica para ganar cobertura.
Sea cual sea el verdadero motivo, lo cierto es que Miguel Ángel Gallardo ha elegido cambiar el sillón de la Diputación por el escaño de la Asamblea. Y lo hace en un momento clave, cuando la política extremeña se debate entre la regeneración prometida por la Junta y las viejas prácticas de blindaje que, una vez más, devuelven al primer plano las preguntas que nadie responde en voz alta. ¿Quién protege a quién?
