Raúl Montaño.

Montaño, abogado de la familia de la educadora social pacense: “No ha habido ni un gesto, ni una llamada, ni una mano tendida”

Quién cuida a las cuidadoras

Redacción DEx, Badajoz, 30 de octubre de 2025.- El juicio por la muerte de la educadora social en un piso tutelado de Badajoz ha arrancado este pasado miércoles con reproches, dolor y un interrogante que retumba entre los pasillos del Juzgado de Menores: “¿Quién cuida a las cuidadoras?”.

El abogado de la familia de la víctima, Raúl Montaño, ha lamentado ante los medios el gran pesar de los familiares por la falta de acompañamiento de la Junta de Extremadura. “La presidenta, María Guardiola, llamó a un familiar en un primer momento, pero desde entonces hasta hoy ha sido el abandono total”, ha declarado.

Montaño, que ejerce la acusación particular, pide seis años de internamiento para dos de los menores y ocho para la chica procesada por asesinato. Asegura que se solicitó una reunión con responsables de la Consejería de Salud y Servicios Sociales “para trasladar los pesares e incertidumbres de la familia”, pero nunca hubo respuesta.

“No ha habido ni un gesto, ni una llamada, ni una mano tendida”, ha reprochado el letrado, convencido de que la responsabilidad del Ejecutivo autonómico “es total”, aunque “ahora se pretenda diluir en la empresa concesionaria”.

Por su parte, José Duarte, abogado de uno de los menores acusados, ha sido contundente: “No cabe en cabeza humana que las medidas cautelares de unos menores conflictivos se delegaran en una asociación sin medios. Es el retrato de un sistema que no cuida a los que cuidan”.

Duarte ha pedido la absolución de su defendido, asegurando que “no tuvo participación alguna en el crimen” ocurrido el pasado mes de marzo en el piso tutelado donde trabajaba la víctima. “La Junta está poniendo medios ahora, pero llevamos años denunciando la falta de recursos, de apoyo psicológico, de vigilancia… y nadie ha querido escuchar”, ha añadido.

También se ha pronunciado Fernando Cumbres, abogado que representa a la familia de otro de los menores, quien ha insistido en que “la Administración debe asumir las responsabilidades civiles y mejorar no solo las condiciones de seguridad, sino también las salariales y emocionales de los profesionales de este sector”.

Mientras dentro del juzgado se habla de delitos y penas, fuera queda el eco de una verdad incómoda: una trabajadora murió haciendo su trabajo, intentando cuidar de otros en un sistema que, según sus propios abogados, olvidó cuidar de ella.

Lupa DEx:

El caso reabre el debate sobre la gestión de los pisos tutelados y la precariedad de los profesionales que trabajan con menores en conflicto social.

Los sindicatos y asociaciones del sector llevan años alertando del déficit de recursos humanos y materiales en Extremadura.