Podemos Extremadura trasladará a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo sus conclusiones de la Comisión de Investigación sobre las contrataciones en las empresas públicas extremeñas al constatar “indicios de delito”. Así lo ha anunciado este lunes la candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, quien ha señalado que los procesos de selección en el sector público empresarial tienen dos adjetivos básicos: “el enchufismo y el clientelismo”.
De Miguel ha cargado duramente contra el Partido Socialista y contra el Partido Popular por utilizar la administración pública “como una agencia de colocación”. De hecho, ha asegurado que Monago, durante su periodo al frente de la Junta, “utilizó el mismo modus operandi que el Partido Socialista, por lo que no se pueden poner medallas de nada”.
La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta ha asegurado que las contrataciones en el sector público empresarial se han hecho sin seguir los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ni tampoco los de objetividad ni publicidad. De Miguel ha afirmado que durante el desarrollo de la comisión de investigación Podemos ha advertido graves irregularidades en tres grandes ejes: deficiencias en los procesos de contratación, problemática laboral y abusos en las encomiendas de gestión.
En relación al primer eje, la también presienta del Grupo Parlamentario ha asegurado que los procesos han sido “arbitrario”, que se han contratado a personas para el mismo puesto utilizando distintas fórmulas, que los procesos selectivos han carecido de todo tipo de garantías y que el único requisito para acceder a una gerencia de una empresa pública “es tener el carné del PSOE porque el 100% de los gerentes de las empresas públicas son alcaldes o concejales del Partido Socialista”. Ha puesto como ejemplo además el caso Salustiano, que su sustituto al frente de GEVIDESA, por ejemplo, fue elegido a dedo “cuando había sido excluido del proceso de selección por no cumplir los requisitos necesarios”.
En cuanto a la problemática laboral, De Miguel ha asegurado que se ha constatado cómo se está contratando personal laboral en las empresas públicas “que están desarrollando las mismas funciones que el personal funcionario, pero con menos sueldo y con mayor precariedad”. Además, ha afirmado que también se han producido despidos en fraude de ley con indemnizaciones millonarias “que han salido de las arcas públicas”.
Por último, Podemos también ha comprobado un abuso de las encomiendas de gestión, “algo que debe ser una excepción de la administración cuando no tiene las herramientas o los medios técnicos suficientes para poder llevar a cabo un proyecto”, ha dicho De Miguel.
“Los responsables -ha añadido- son los gestores y los dirigentes políticos de las empresas, nunca los trabajadores”. “No es justo criminalizarlos, como está haciendo el PP, porque son los responsables políticos los que han convertido a las administraciones públicas extremeñas en un auténtico chiringuito de colocación”.
Debido a todo ello, la candidata a la Presidencia de la Junta cree que tiene que ser la Fiscalía y el Defensor del Pueblo “quienes investiguen si ha habido delito en este manoseo de lo público por parte del PSOE, el PP y también de C’s porque tienen a su actual secretario de organización provincial de Badajoz involucrado”.
