En la actualidad se encuentra en proceso de participación pública la confección del denominado Esquema provisional de Temas Importantes (posteriormente pasará a ser definitivo), que es una fase intermedia en la redacción de los planes hidrológicos de las cuencas o demarcaciones hidrográficas de España para el tercer ciclo de planificación (2021 – 2027). Estos planes hidrológicos se confeccionan en base a lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua (DMA) promulgada en el año 2000, la cual regula la política de aguas en la UE y que ya ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español.
Esta Directiva de corte eminentemente ambientalista se sustenta en algunos principios que, en mi opinión, perjudican a España. La DMA está redactada pensando en climas centro y norte europeos y no en las condiciones del clima mediterráneo típico de la Europa del sur, lo cual afecta principalmente a Grecia, Italia, Portugal y España.
La DMA irrumpió en el panorama hídrico europeo, cual elefante en una cacharrería. Publicada en el año 2000, da prioridad a los temas ambientales (se nota la influencia de los lobbies ecologistas en Bruselas). Su objetivo de conseguir el buen estado de las masas de aguas tanto superficiales como subterráneas a más tardar el año 2027, se establece sin tener en cuenta que antes de la promulgación de esta norma existían importantes concesiones de recursos hídricos para usos económicos: abastecimiento, regadíos o usos industriales, que podrían verse afectados negativamente por sus disposiciones.
Con la idea de conseguir el buen estado de las masas de agua a toda costa, se ha establecido un régimen de caudales ecológicos al cual se le da un carácter de restricción previa a los sistemas de explotación. En “roman paladino”: los caudales ecológicos se aplican con carácter retroactivo y excluyente y con preferencia a usos preexistentes, sin posible indemnización por los daños causados a estos.
Recomienda la normativa que los caudales ecológicos han de concertarse con los otros usos. ¿Pero cómo hacerlo, si hay caudales en régimen natural de muchos de nuestros ríos que en estiaje se aproximan a cero? Para asegurar el caudal ecológico en esa época, este se tiene que suministrar detrayéndolo del volumen embalsado para usos económicos que son muy anteriores a la DMA. Por tanto afectan a usos preexistentes y especialmente a los más de 3,4 Millones de hectáreas de regadíos que estaban en explotación con anterioridad a la DMA, tal y como figuran en el Plan Nacional de Regadíos redactado en 1998.
La segunda cuestión es el elevado coste presupuestario de las medidas de los programas de actuación que se diseñan en los planes hidrológicos. Estos programas parecen destinados a países de alto poder económico o para épocas de vacas muy gordas en los de menos capacidad de gasto. En ninguno de los dos casos se encuentra actualmente España. Y con el virus que nos azota posiblemente ni los países ricos de la UE estarán en disposición de cumplir los programas de medidas.
A todo esto hay que añadir la entrada en escena del cambio climático que traerá consigo menos lluvias y por tanto menos recursos hídricos disponibles y además más consumo de agua por los cultivos. Por otra parte se producirá un aumento de la frecuencia de lluvias torrenciales y habrá más sequías.
Así que estamos ante la cuadratura del círculo. Establecemos nuevos caudales ecológicos prioritarios en un escenario en el cual habrá menos agua y más consumo de los cultivos y de las poblaciones. Ya me dirán.
Una solución al problema podría consistir en aumentar nuestra capacidad de regulación con nuevos embalses. Así se garantizarían los caudales ecológicos y a través de ellos el buen estado de las masas de agua. De igual modo se aseguraría el mantenimiento de las garantías de las demandas de los diferentes usos si vienen épocas de sequía, aprovechando los recursos generados en las precipitaciones de alta intensidad cuya frecuencia irá en aumento por el cambio climático. De paso servirían para laminar posibles avenidas, reduciendo el riesgo de inundaciones.
Los movimientos ecologistas, que encuentran eco en el Ministerio de Transición Ecológica, tratan de culpabilizar a los regadíos de la situación por ser el uso que más agua utiliza. En lo que respecta a España ha de tenerse en cuenta que los regadíos son un sector estratégico que asegura el alimento de los ciudadanos (españoles y turistas), así como la fijación de la población en el territorio y provee de materia prima a la industria agroalimentaria. Gracias al sector agrario del que el regadío es principal exponente, estamos salvando la situación de emergencia por el coronavirus que ha aparecido en España. Por lo que el sector agroalimentario igual que el sanitario debe de ser mantenido y potenciado.
Los regantes españoles a través de las inversiones en modernización, han hecho y sigue haciendo un considerable esfuerzo económico para mejorar la eficiencia en el uso del agua. Pero hay serios indicios de que en los nuevos planes hidrológicos y en aras a la recuperación de costes que propugna la DMA, se pretende gravar aún más al regadío con nuevos cánones ambientales.
Se debería, antes de proponer alegremente estos nuevos gravámenes, estudiar la capacidad de pago de los diferentes tipos de explotaciones de riego que se dan en las cuencas hidrográficas españolas y luego decidir sobre el particular. Pero yo me pregunto si estos burócratas ministeriales conocen en qué consiste la capacidad de pago de una explotación de riego. Quizás deberían repasar la sistemática del USBR (United States Bureau of Reclamation). Pero opino que no lo harán.
