R. DEx, 27 de marzo de 2025.- Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox han registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de Ley de Concordia que busca derogar la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática en la región. Este movimiento, fruto del acuerdo de gobernabilidad firmado en 2023 entre ambas formaciones, ha generado una fuerte reacción entre los distintos partidos y sectores de la sociedad extremeña.
El anuncio fue realizado por Ángel Pelayo Gordillo, presidente del Grupo Parlamentario Vox, quien destacó que esta iniciativa responde a los compromisos adquiridos con el Partido Popular. «Gracias al apoyo de Vox, la señora Guardiola es presidenta y el Partido Popular gobierna hoy en minoría en la Junta de Extremadura», afirmó Gordillo, subrayando que la propuesta será llevada a desarrollo parlamentario.
Desde el Partido Popular, José Ángel Sánchez Juliá defendió que la Ley de Concordia estará basada en los principios de la transición y buscará reconocer a todas las víctimas «sin enfrentamientos y sin sectarismos». Gordillo, por su parte, aseguró que los derechos de los descendientes de las víctimas del conflicto están garantizados «para todos».
Críticas desde la oposición
La propuesta no ha tardado en recibir críticas de los grupos de la oposición. Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, acusó al gobierno regional de «socavar los principios democráticos con tal de agarrarse al sillón». Además, señaló que la presidenta de la Junta, María Guardiola, está adoptando las tesis de la extrema derecha.
Por su parte, Piedad Álvarez, del grupo socialista, denunció que la Ley de Concordia invisibiliza el sufrimiento de las personas LGTBI durante la dictadura. «No existe en esta ley esa figura», afirmó, expresando su preocupación por la posibilidad de que la próxima derogación sea la Ley LGTBI.
El registro de esta propuesta legislativa marca un nuevo capítulo en la agenda política de Extremadura, con el potencial de polarizar aún más a la sociedad y a los representantes políticos. Mientras sus defensores la presentan como un paso hacia la reconciliación, sus detractores la ven como un retroceso en los derechos y la memoria histórica.
