Los acuerdos del Parlamento de Cataluña, sin garantías y con la falsificación de la firma de su Secretario General fueron un golpe de estado que derogó el Estatuto de Autonomía y la Constitución del Reino. Eso es un delito y es necesario perseguirlo primero y reponer el Orden Estatutario y Constitucional en segundo lugar. Precisamente lo que se hace en este momento.
Lo demás son palmas y palmeros interesados en destruir nuestro marco de convivencia y ganar en el tumulto lo que no ganan en las elecciones, por eso no las quieren ni las convocan. Si asistimos todavía a una agónica sesión parlamentaria, lo que se pueda acordar no tendrá legitimidad alguna, de legal entiéndase, y el viernes que viene tras el previsible acuerdo del Senado del Reino de España quedará automáticamente sin efecto ni contenido.
El Señor Pujol primero, el Señor Mas después y el Señor Puigdemont ahora se han creído una mentira mil veces repetida, creyéndose los Presidentes de una Nación Soberana, cuando no eran más que los representantes del Estado en una parte del mismo, constituida en Comunidad Autónoma y con competencias limitadas que no hacen posible tomar los acuerdos que han tomado. Su mandato procede de una Ley Orgánica de ese Estado, aprobada conforme a la Constitución y ni impugnada jurídicamente, ni denunciada políticamente en momento alguno.
Su mentira, mil veces repetida, es que Cataluña es una Nación y que contó con autogobierno desde hace siglos, la Generalidad que es anterior a la Constitución. Cataluña nunca fue una Nación, pudieron serlo – como podía ser una Nación en el siglo XI – los Condados de Barcelona y otros que en ese momento no coincidían territorialmente con la actual Comunidad Autónoma (Tarragona pertenecía todavía al Islam). En esa época el Conde de Barcelona, el principal y más importante de todos ellos, rindió pleitesía y vasallaje a Alfonso VI de León, primero de Castilla, como “Emperador de España entera”. Apenas unos años más tarde su hijo, también Conde de Barcelona, casó con la Princesa heredera de Aragón y apareció la Corona de Aragón, que se unió a la de León y Castilla para formar España. Su autogobierno, limitado a unas formas medievales de representación estamental y gremial, se ejerció en el ámbito aragonés y luego español y desapareció como desaparecieron los Fueros y privilegios en todo el Reino con la constitución del Estado moderno.
Decir que por ser anterior está por encima y al margen de la Constitución es sencillamente insostenible, otra mentira más, la Nación Española y la Corona con Su Majestad el Rey también son anteriores a la Constitución y no por eso están al margen ni por encima de la Constitución. La Carta Magna es la expresión soberana y democrática de los españoles como ciudadanos individuales, no como pueblo colectivo, pues su voluntad no se expresa colectivamente, sino personalmente con cada voto particularizado. Sólo en esta forma y bala las normas acordadas puede cambiarse la situación y el reconocimiento constitucional de instituciones, como la Generalidad y la Corona que apenas conservan de su devenir su nombre y su trasto histórico, lo que en modo alguno les da opción a ponerse al margen o por encima de la Constitución.
Estamos en el fin del acto, poner orden, reponer la constitución, el Estatuto y la democracia frente a los golpistas y que estos atiendan en los tribunales sus responsabilidades civiles y penales será la conclusión de la penosa sobreactuación de quien se creyó lo que no era y que ya habrá aprendido que no lo es. Ahora en unos meses a votar y a conformar un nuevo gobierno, justo lo que no quieren los que se saben en plena decadencia electoral en las encuestas, por eso este intento de conservar el poder, creando un poder nuevo, por encima de la Ley y del voto. Ni más ni menos.
