El Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia ha ratificado la medida sin fianza tras la investigación del EMUME de la Guardia Civil
La justicia extremeña actúa con firmeza en un nuevo caso de violencia sexual. Un joven de 20 años se encuentra ya en prisión provisional comunicada y sin fianza por una presunta agresión a una menor de 16 años ocurrida en Jaraíz de la Vera, en la provincia de Cáceres.
R. DEx, Plasencia, 23 de junio de 2025.- Los hechos se remontan al pasado 3 de junio, cuando agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención del presunto agresor tras recibir una denuncia que motivó la inmediata intervención del EMUME, el Equipo Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) con base en la Comandancia de Cáceres.
La investigación, que se ha llevado a cabo con discreción y celeridad, permitió reunir los indicios necesarios para trasladar al detenido ante la autoridad judicial competente.
Ratificación de la prisión provisional
Una vez puesto a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia, el magistrado instructor decretó la prisión provisional del investigado, sin posibilidad de fianza, considerando la gravedad del presunto delito y la protección de la víctima como elementos prioritarios.
La medida ha sido ratificada esta semana, y el procedimiento se encuentra actualmente en fase de instrucción. Se trata de un caso especialmente sensible, al implicar a una menor de edad, por lo que se mantiene el protocolo de confidencialidad y protección de identidad establecido por la ley.
El EMUME de la Guardia Civil, unidad especializada en violencia de género y protección de menores, continúa supervisando los detalles del caso en colaboración con el juzgado. Este tipo de equipos resulta clave en la atención a las víctimas, tanto en el ámbito policial como durante el proceso judicial, evitando la revictimización y ofreciendo acompañamiento experto.
Comentario editorial DEx
Contra la impunidad, justicia sin fisuras
En tiempos donde las estadísticas alertan sobre el preocupante incremento de agresiones sexuales entre jóvenes y menores, no caben dudas ni medias tintas. Cada caso como este debe ser tratado con rigor, empatía y firmeza institucional. Las víctimas, sobre todo cuando son menores, necesitan saber que no están solas. Que la sociedad, las fuerzas de seguridad y la justicia están de su lado.
El ingreso en prisión del presunto agresor es un paso necesario —y valiente— en un proceso que debe servir no solo para castigar si se prueba el delito, sino para disuadir futuras conductas similares. En la Extremadura del siglo XXI no puede haber espacio para la violencia machista, ni para el silencio que tantas veces la ha encubierto.
Porque proteger a una menor agredida no es solo aplicar la ley. Es, también, protegernos como comunidad.
