Igualdad condena dos nuevos asesinatos por violencia de genero

Responsabilidades sociales en la protección de personas en situación de riesgo

DESTACADAESPAÑAOPINIÓNPeriodismo humano
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Acaba de producirse un nuevo hecho terrorífico, un padre  mata a su hija y a su ex mujer de una forma cruel e inhumana. Según las noticias que se han difundido anteriormente el progenitor había  sido condenado por iguales delitos, tenía una orden de alejamiento que no fue prorrogada. Hay que recordar que el  Tribunal Supremo dictó en noviembre de 2015 una notable sentencia que negaba a un padre maltratador la patria potestad y el régimen de visitas, sin aceptar ningún tipo de medidas que pudieran significar contacto alguno con su hijo.

La violencia de género es  una patología que no acaba de erradicarse y  que, sin duda, produce  mucho dolor  y  el sufrimiento de los inocentes con especial rigor, que deberían ser  ajenos absolutamente a los conflictos familiares. Se conoce como violencia vicaria pero no importa  su denominación. La vida de esta niña de cinco años  ha sido segada y la de su madre, lo que produce gran consternación y todos nos preguntamos si podía haberse evitado, recluyendo o vigilando  al padre que parecía presentar alteraciones psicológicas  o antecedentes muy trágicos , precisamente para evitar la muerte de dos personas, sin sentido.

Como ha mantenido el  ilustre profesor Llorente, las agresiones domésticas en sus diferentes formas afectan  también a niños, residen en un concepto patriarcal que, generalmente pretende el dominio de la personas considerando más débiles a las mujeres y los menores, que  se ven obligados a aceptar la sumisión  .Con frecuencia se defiende la no injerencia  en estas situaciones alegando que es un área  perteneciente al ámbito privado, sucede detrás del muro de la vergüenza en el recinto doméstico ,incluso  permanece la idea de que si no se ha denunciado  es porque no hay interés por resolver el problema.  Sin embargo en este nuevo suceso el hecho es cruel   y hubiera sido   procedente  vigilar el alejamiento, sobre todo cuando se conocían los graves antecedentes del  agresor  con  datos muy significativos y preocupantes.

El alto Tribunal en la citada sentencia determinó con total claridad que la patria potestad  no puede  confiarse  a personas que presentan  alguna enfermedad mental o conducta desequilibrada que esté verdaderamente acreditada, y en este caso, lo estaba.

La Sala del Tribunal Supremo, con buen criterio,  destacó que el retraso en denunciar de la víctima, invocado como atenuante en aquel caso, no suponía merma en su credibilidad, que en numerosas ocasiones el silencio se mantiene por miedo insuperable y por ello denegó igualmente el régimen de visitas, sin aceptar ningún tipo de contacto  con el menor, considerando la evidente existencia de riesgo.

Hay sucesos  que crean  estremecimiento si se tiene constancia de cualquier indicio de perturbación psicológica  o, como en este supuesto de trastorno mental con precedentes, conductas que atentaron la integridad de anteriores familiares, lo que debe ser suficiente para proteger  extensamente a todas las personas en las que se advierta peligro.

Parece por las noticias de prensa que  toda la familia  y todos los ciudadanos están sobrecogidos por la actuación  de este padre que, al parecer intentó el suicidio. No puede concebirse tan tremendo episodio que ha consternado a toda persona de bien y que por las premisas conocidas podía haberse evitado si las instituciones sociales  o alguien cercano hubieran reaccionado  con la rapidez necesaria aunque no existieran denuncias de la madre, pero era conocida  la actuación dolosa del agresor.

El sistema tiene que estremecerse ante estos hechos con la pérdida de dos personas, tal vez  por el complejo llamado de Medea: causar un gran  dolor a la madre o al padre acabando con la vida del hijo, reflejado con perfección en la tragedia de Eurípides.

Deben revisarse los criterios que han producido  esta grave situación irreversible. Todos los responsables tienen que  modificar sus planteamientos especialmente los que tienen competencia para resolver, también  la familia y  la sociedad entera, vecinos, amigos, hay que denunciar cuando se prevea una relación conflictiva. No es admisible la pasividad. Ahora se dice que nunca debe volver a pasar esta crueldad pero es tarde para la mujer y la niña fallecidas y para su familia cuyo dolor es imposible reflejar y permanecerá para siempre.


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