Esta cárcel fue construida gracias al empeño de Antonio Canales González, entonces alcalde de la ciudad y diputado a Cortes por la provincia de Cáceres, durante la Segunda República.

La cárcel de Cáceres empezó a construirse en febrero de 1934 sobre unos terrenos comprados por el ayuntamiento a Carlos Iglesias Caldito, por 4.500 pesetas.

Seguidamente se recaudaron fondos entre los municipios de la provincia para hacer posible la construcción de la que sería primera prisión provincial, según ha informado en nota de prensa Ameca.

Dichos terrenos estaban situados junto al camino viejo de Monroy (carretera de Torrejón el Rubio), en las afueras de la ciudad. El proyecto fue redactado por el arquitecto del Ministerio de la Gobernación José Luis Aranguren Bourgon conforme a las líneas marcadas por Dorado Montero o Concepción Arenal que defendían “la corrección y humanización de las penas”, cuyos pasos concretó y plasmó Victoria Kent.

La construcción ocupaba una superficie aproximada de 11.000 metros cuadrados, conformada por seis edificios dentro de sus muros, ellos de dos y tres alturas. La fachada de ladrillo visto y las cubiertas de tejas, con un desarrollo horizontal, por lo que se adscribe al estilo racionalista, configurándose como un edificio singular.

Fue además un “hito” en la época no sólo por las características arquitectónicas mencionadas, sino también y sobre todo, por el avance social que suponía sacar a los presos y presas de la miseria y el hacinamiento en el que se encontraban en la antigua la prisión de la Audiencia.

Cabe destacar también que se concibió como un edificio higiénico, sin oscuridades ni humedades, con agua corriente y luz eléctrica, de mayor capacidad y seguridad, lo que suponía un “importante cambio” en las condiciones de vida de la población carcelaria.

Paradójicamente, en el momento de su inauguración, la prisión, lejos de cumplir ese “encomiable objetivo”, se convirtió en un penal para presos políticos, que esperaban en sus celdas el momento de ser fusilados en el campo de tiro de las proximidades, tal como le ocurrió al propio alcalde Canales.

“Sin duda se trata de un edificio con un enorme significado histórico, es un sitio histórico, que sobrepasa los límites de la ciudad porque albergó presos y presas de todo el país”, ha resaltado Ameca.

Por ello, la asociación ha insistido en que la cárcel es “historia”, y de hecho está protegida, como consta en el Plan General Municipal de Urbanismo que lo incluyó en el ‘Catálogo de Bienes protegidos de 2010’, siendo una protección “no acorde con la consideración que merece, con el agravante de que esa inadecuada protección puede variar en cualquier momento”.

Además, ha insistido en que, desde el traslado de presos en el año 2000 a la cárcel nueva, su “deterioro, desmantelamiento y decrepitud avanza a pasos agigantados”, con cristales y ventanas rotas, pintadas, maleza en los patios, canalones inservibles” y se “supone que el estado del interior no será muy diferente”.

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