SECTOR AGRARIO: ¿SE LE CONSIDERA UN SECTOR ESTRATÉGICO EN ESPAÑA?

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En los momentos más difíciles de la pandemia, y especialmente durante el período de confinamiento, el sector agrario en el que considero incluida a la industria agroalimentaria, con su eficiente trabajo ha demostrado su capacidad para asegurar los alimentos necesarios a la población española. Prácticamente no hubo problema de falta de suministros y los ciudadanos no notamos desde ese punto de vista los efectos de la pandemia.

En los países punteros en el mundo, el sector agrario es considerado como un sector estratégico porque asegura una de las necesidades básicas de la población: su alimentación. Al sector agroalimentario en países de primer nivel económico como Estados Unidos, Francia o Alemania se le considera como un sector prioritario y estratégico ya que evita la dependencia de países terceros de un aspecto tan importante como es el abastecimiento alimentario. Igual que ocurre con sectores como el energético, el químico o el sanitario en el que estos países reducen al máximo la dependencia del exterior. En lo referente al sector agrario esta manera de proceder además de la cantidad de alimentos, asegura la calidad alimentaria y el control de precios al no depender de terceros.

En España si se atiende a las manifestaciones de nuestros gobernantes, da la impresión de que para ellos el sector agrario sí que es un sector estratégico y se les llena la boca, sobre todo cuando van de visita a zonas rurales, de alabanzas al sector y al personal que forma parte del mismo destacando su laboriosidad e importancia estratégica.

En contraposición a estas grandilocuentes declaraciones la realidad es que nuestro gobierno es especialmente beligerante contra el sector agrario, ya que ha abrazado por ideología un ecologismo muy primario que se ha puesto de moda y del que se declara seguidor.

Actuaciones del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico – que ha jibarizado y reducido a la mínima expresión al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que es quien realmente debía de ocuparse del sector agroalimentario y del medio rural – al que se le han otorgado las competencias en demografía rural y poblamiento, biodiversidad, agua, e incluso del sector forestal que es parte indisoluble del sector agrario, está tomando una serie de decisiones que perjudican sensiblemente a agricultores y ganaderos.

Se ve favorecida su estrategia por la apuesta por lo verde que hacen los burócratas de la UE y que se traslada a disposiciones como el Nuevo Acuerdo Verde Europeo (Green New Deal Europe) o la PAC. A este verdor nos hemos apuntado desde España con furibundo entusiasmo del converso, sin proponer una transición en calma para conseguir un sector agrario más sostenible, pero sin perjudicarle en el camino que ha de recorrer.

Voy a poner dos ejemplos, aunque hay muchos más, de estas actuaciones gubernamentales que están perjudicando sensiblemente al sector agrario y al medio rural.

La reciente disposición de protección del lobo que impide su caza, es un palo a la ganadería extensiva, precisamente la más ecológica. Muchas explotaciones verán impotentes como el lobo ataca a sus ganados, sin que los titulares reciban una indemnización rápida que cubra la totalidad de los daños producidos y asegure la inmediata reposición de las bajas que se produzcan en los rebaños.

Esta norma se ha promulgado en contra de la opinión de varias comunidades autónomas, como Galicia, Cantabria, Asturias, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia, así como de todas las asociaciones que agrupan a ganaderos. Ha bastado la presión ecologista para modificar la norma existente que ya protegía al lobo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de quien depende la ganadería en España, se doblega a las disposiciones del Ministerio de Transición Ecológica, aunque dice estar del lado de los ganaderos. Ya me contarán.

Confiemos en que los recursos contencioso – administrativo anunciados por algunas comunidades autónomas y asociaciones de ganaderos den su fruto. Una cosa es proteger al lobo y otra arruinar a los ganaderos. Aquí no tenemos término medio.

Otro ejemplo es la persecución contra los regadíos y los regantes, que subyace en la nueva revisión de los planes hidrológicos del tercer ciclo de planificación 2022 – 2027.

Estos planes dan preferencia absoluta a la consecución de los objetivos medioambientales de alcanzar el buen estado de las masas de agua, frente al objetivo de satisfacer las demandas de los usos socioeconómicos. El principal perjudicado es el regadío que es el uso que más agua utiliza.

Los objetivos medioambientales dan preferencia a los caudales ecológicos a costa de reducir las garantías de los regadíos. Tampoco se resuelve en estos planes la situación de los regadíos deficitarios, ni se prevén nuevas obras de regulación para asegurar las garantías de los usos y de los caudales ecológicos, ni se dotan adecuadamente en el programa de medidas las de terminación de la modernización de los regadíos para digitalizarlos y hacerlos más sostenibles.

Por el contrario, sin valorar sus consecuencias, se propugna la introducción de nuevos costes ambientales que incrementando el precio actual del agua llevarán a la desaparición de muchas explotaciones de riego por falta de rentabilidad.

El Ministerio de Agricultura está desaparecido ante esta problemática que afecta gravemente a los regadíos que se encuentran adscritos a este departamento.

El gobierno debería reflexionar sobre estos extremos. Debilitar el sector agroalimentario es poner nuestra alimentación en manos de países terceros. Y eso es un error que pagaremos caro. Los consumidores los primeros.


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