MÉRIDA– La Asamblea de Extremadura ha sido escenario de un intenso debate sobre el ambicioso proyecto de regadíos de Tierra de Barros, valorado en 353 millones de euros, que busca transformar la agricultura de la región. La sesión plenaria ha estado marcada por la aprobación unánime de una comisión de investigación, impulsada por el PP, que ha sacado a la luz las discrepancias con Vox, su socio de gobierno, en cuanto a la financiación del proyecto.
La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha rechazado la propuesta de Vox de que la Junta de Extremadura asuma en solitario la financiación del proyecto, argumentando que, dada su magnitud, debe ser financiado al menos por tres partes. Guardiola ha enfatizado que la comisión de investigación arrojará luz sobre las “mentiras y engaños” atribuidas al PSOE y clarificará las responsabilidades políticas relacionadas con el proyecto.
Por otro lado, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha reafirmado el compromiso de la Junta con el proyecto y ha desmentido las acusaciones de ser “juez y parte” en el asunto, aclarando su relación con una propiedad de viñedo en la zona.
El diputado de Vox, Juan José García, ha insistido en que el proyecto se llevará a cabo “a tres bandas o a una”, defendiendo la viabilidad financiera de la propuesta de su partido y criticando al PP por su gestión de los puestos en la Mesa de la Asamblea.
El PSOE y Unidas por Extremadura han calificado las diferencias entre PP y Vox como un “sainete”, apoyando la creación de la comisión de investigación y expresando su confianza en que esta ayudará a esclarecer las dudas sobre la gestión anterior del proyecto y la falta de apoyo del gobierno de Mariano Rajoy.
La situación refleja la complejidad política y financiera que rodea al proyecto de regadíos de Tierra de Barros, un tema que continúa generando debate y expectación en Extremadura.
