La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido la segunda reunión del Foro de alto
nivel sobre Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes, que pretende favorecer el
diálogo y la gobernanza conjunta para la implementación de las reformas e
inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Durante este encuentro con representantes de empresas, de la sociedad civil y del
mundo académico, la vicepresidenta ha presentado los avances en materia de
medio ambiente, así como las dotaciones previstas para la conservación y
restauración de ecosistemas y su biodiversidad, la preservación del espacio litoral y
los recursos hídricos y la implementación de la Estrategia Española de Economía
circular y la normativa de residuos.
“Las infraestructuras de saneamiento, depuración o gestión de residuos tienen la
capacidad de movilizar grandes volúmenes de inversión a corto plazo y de generar
un impacto estructural sobre el conjunto de la sociedad y la economía. Además, el
desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación al
cambio climático permite incrementar la resiliencia de las infraestructuras a la vez
que preserva y protege el capital natural de nuestro país”, ha señalado Ribera.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
La conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su
biodiversidad, con una dotación de 1.642 millones de euros, se configura como un
componente clave para mejorar nuestro patrimonio natural e impulsar las
infraestructuras verdes en España.
Contempla actuaciones en materia de biodiversidad, restauración ecológica y
gestión del medio natural orientadas a disminuir los niveles de estrés sobre las
especies y los ecosistemas, apostando por actuaciones que faciliten su adaptación
al cambio climático, así como los servicios esenciales que brindan.
“Todo ello supondrá un impulso a gran escala de la conservación y mejora de la
biodiversidad en todo el territorio nacional”, ha manifestado Teresa Ribera. Un
esfuerzo que se canalizará a través del desarrollo del Plan Estratégico del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y de la Estrategia Estatal de
Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas, y que influirá en
más de 100.000 hectáreas, incluyendo más de 30 instalaciones mineras
abandonadas de riesgo o importantes humedales.
PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Por otro lado, el MITECO prevé reformas e inversiones por valor de 2.091 millones
de euros para reducir la vulnerabilidad de los recursos hídricos y los espacios
naturales costeros frente a los efectos del cambio climático, a través de
restauraciones e intervenciones sobre infraestructuras orientadas a reducir la
sensibilidad ante los riesgos.
Con estas actuaciones se pretende, entre otros objetivos, recuperar los acuíferos y
los ríos y protegernos frente a inundaciones, mejorar la planificación y la gestión
del agua, reforzar la gestión y el control de Dominio Público Hidráulico, así como la
seguridad de las infraestructuras críticas, o combatir la contaminación difusa.
Las inversiones contempladas en este componente van a posibilitar la preservación
y recuperación de, al menos, 200 kilómetros de litoral a través de mejoras en
playas, sistemas de dunas o humedales costeros, entre otras fórmulas de
intervención.
IMPLEMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
El plan de apoyo a la implementación de la economía circular y a la normativa de
residuos, dotado con 850 millones de euros, está comprendido por la Estrategia
Española de Economía Circular, España Circular 2030, “que sienta las bases para
impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de
productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor
tiempo posible, y en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos”, ha
declarado Teresa Ribera. En este sentido, la adopción del Primer Plan de Acción
de la Estrategia concretará las medidas a desarrollar en el trienio 2021-2023.
En el camino hacia este objetivo, el próximo mes de mayo se aprobará, además, el
proyecto de Ley de Residuos, “que completará la revisión normativa para
modernizar la gestión de residuos en España y mejorar exponencialmente nuestras
tasas de reutilización y reciclaje”, según ha expresado la vicepresidenta.
Las medidas del plan de impulso a la economía circular estarán complementadas
por una reordenación y racionalización de la normativa de residuos, con nuevas
normas que regulen la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero,
modernicen la gestión de residuos municipales en España y establezcan nuevas
obligaciones en materia de recogida separada de residuos y su tratamiento.
La vicepresidenta ha querido destacar la “excelente acogida” del lanzamiento de la
Manifestación de Interés de Economía Circular en el ámbito de la empresa
realizada desde el MITECO, en la que se presentaron cerca de 1.300 proyectos
centrados en avanzar en la circularidad de los modelos de producción y consumo
en empresas. “Estos ejemplos de participación del sector privado son de gran
utilidad para diseñar y calibrar los instrumentos de ejecución del plan, en base a la
máxima eficiencia en la implementación de los recursos y al desarrollo de
capacidades tecnológicas, industriales y de conocimiento en el país”, ha señalado
Ribera.
EJECUCIÓN DE FONDOS Y TERRITORIALIZACIÓN
Asimismo, ha recordado que el 31% del total de la cuantía atribuida en el plan de
recuperación a los componentes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se
ha adelantado a los Presupuestos Generales del Estado de 2021. “Este adelanto
de fondos, junto a la labor ya desplegada, van a permitir una rápida ejecución una
vez se apruebe formalmente el plan de recuperación”, ha destacado Ribera.
En este sentido, tal y como ha señalado la vicepresidenta, ya se han activado y
aprobado mediante Conferencia Sectorial los criterios de reparto territorial a favor
de las Comunidades Autónomas de los primeros instrumentos de ejecución para
los siguientes proyectos: corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en la
avifauna (60 millones de euros), saneamiento y depuración para aglomeraciones
menores de 5.000 habitantes (100 millones de euros) y apoyo a la implementación
de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular (421 millones de
euros)
