El Juzgado impone hasta seis años de internamiento y más de 620.000 euros de indemnización por un ataque brutal ocurrido en un piso tutelado
Un caso que sacude a Badajoz
Badajoz, 10 de diciembre de 2025., DEx
El estremecedor asesinato de una educadora social de 35 años, ocurrido la noche del 9 de marzo en un piso tutelado de la urbanización Guadiana, ha encontrado este miércoles su primer cierre judicial. El Juzgado de Menores número 1 de Badajoz ha impuesto las penas más severas que permite la Ley de Responsabilidad Penal del Menor: hasta seis años de internamiento en régimen cerrado, seguidos de tres años de libertad vigilada, para los dos chicos acusados de ser autores materiales del crimen.
La tercera menor, una chica inicialmente procesada como coautora, ha sido finalmente condenada como cómplice, con una pena de cinco años de internamiento y tres de libertad vigilada.
Noche del 9 de marzo: un ataque planificado y violento
Según quedó acreditado en el juicio, los tres menores —residentes en el mismo recurso tutelado— atacaron a la educadora durante su turno de noche. La agresión, brutal y sorpresiva, culminó con el asesinato de la trabajadora, cuyo cadáver fue hallado por la Policía en la madrugada del día siguiente tras el aviso de emergencia.
El tribunal considera probado que los jóvenes actuaron con violencia extrema y ánimo de lucro, lo que agrava el delito: además del asesinato, se les condena por robo con violencia.
Cambio decisivo en el juicio: la acusación rebaja el papel de la joven
En la última jornada de la vista oral se produjo un giro relevante. La acusación particular modificó su calificación respecto a la chica para catalogarla no como autora material, sino como cómplice. La Fiscalía ya había adoptado esta distinción entre los tres acusados, lo que ha terminado reflejándose en la sentencia.
Una indemnización que supera el medio millón de euros
Además de las penas de internamiento, los tres menores deberán indemnizar de manera solidaria y directa a los familiares de la víctima y a la Junta de Extremadura, con una cifra que supera los 620.000 euros.
La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Badajoz, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Lupa DEx
El golpe a un sistema bajo presión
Este asesinato vuelve a abrir un debate incómodo pero necesario:
¿Está el sistema de protección de menores preparado para afrontar casos de elevada conflictividad?
Los pisos tutelados, concebidos para ofrecer apoyo y estabilidad, se enfrentan a una realidad cada vez más compleja: jóvenes con historiales de violencia, familias desestructuradas y carencias afectivas profundas. La tragedia del 9 de marzo expone fisuras estructurales:
- Sobrecarga del personal educativo, a menudo solo en turnos nocturnos.
- Protocolos de riesgo insuficientes ante menores con perfiles agresivos.
- Carencia de recursos especializados para gestionar problemáticas complejas.
- Necesidad de evaluación continua del nivel de peligrosidad en entornos tutelados.
La sentencia pone punto y seguido a un caso que ha conmocionado a trabajadores sociales, instituciones y ciudadanía. Pero la verdadera pregunta —la que seguirá en el aire tras el eco judicial— es si el sistema contará con herramientas, presupuesto y voluntad política para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse.
