De este dato se entiende que los propietarios están preocupados, y que de cara al próximo año, según explican desde Finaer, empresa dedicada a las Garantías de Alquiler, el reto del sector será lograr una seguridad tanto jurídica como económica.
Añaden que el mercado de alquiler va a seguir consolidándose por la dificultad que seguirán teniendo los que quieren comprar, y porque para las nuevas generaciones comprar una vivienda no es un objetivo de vida, sino una necesidad que puede ser suplida con un alquiler.
Puntos clave necesarios para devolver la confianza al mercado de alquiler
Tras analizar estos datos del mercado, desde Finaer exponen los tres puntos clave necesarios para devolver la confianza a los propietarios en el mercado de alquiler para que puedan sentirse tranquilos y seguros cuando ponen sus propiedades en alquiler.
Fomentar el parque de vivienda
Cada vez hay menos viviendas en alquiler y más gente buscando alquilar. Por lo que proponen incentivar la construcción de viviendas destinadas tanto al alquiler de larga duración como el estudiantil, ya que en España, 390.000 estudiantes acuden a este mercado al no encontrar residencias.
Este gran número de estudiantes alquilando casas y pisos, hace que el número de viviendas en alquiler disponibles para las personas que buscan larga estancia disminuya, y sea más difícil acceder a una vivienda. Por lo que, devolver al mercado unos 150.000 inmuebles ayudaría a bajar la presión.
Bonificar fiscalmente a los propietarios
Otra de las propuestas, es que aquellos propietarios que hagan el esfuerzo de poner sus viviendas en alquiler a precios solidarios o estables, tengan bonificaciones fiscales. Estos beneficios en sus impuestos funcionarían como un incentivo que ayudaría a aumentar la oferta de viviendas en alquiler
Generar seguridad jurídica y eliminar al máximo el riesgo de impago
El miedo de los propietarios a la okupación de la vivienda, o a que el inquilino no pague o no se quiera ir de la vivienda, es cada vez más notable. Para ello es necesario establecer una regulación clara, concisa y efectiva al respecto, en la que los derechos de propiedad de los inmuebles estén protegidos, ya que el tiempo medio de demora para echar a un “okupa” se sitúa actualmente en los 18,1 meses, según el Consejo General del Poder Judicial.
