R. DEx, 12 de marzo de 2025.- El eco de una tragedia en Badajoz ha sacudido los cimientos del sistema de acogida de menores en España. El asesinato de una educadora social de 35 años por tres menores en una vivienda tutelada ha puesto sobre la mesa una cuestión que no admite más demora: la urgente necesidad de mejorar las condiciones de los centros y la atención a quienes los habitan y trabajan en ellos.
Actualmente, cerca de 50.000 menores son atendidos en este sistema, divididos entre acogimiento familiar y centros residenciales gestionados por comunidades autónomas. No se trata solo de números: detrás de cada cifra hay historias de niños que buscan reconstruir sus vidas, pero también trabajadores que, en muchos casos, enfrentan jornadas precarias y riesgos que no deberían ser parte de su día a día.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado un decreto que promete ser un cambio de rumbo. Inspecciones obligatorias, sanciones a centros que no cumplan los estándares y un compromiso por desinstitucionalizar el sistema son algunos de los pilares de esta medida. El objetivo es claro: garantizar que los menores encuentren no solo refugio, sino un verdadero hogar, y que los trabajadores puedan ejercer su labor en condiciones dignas.
«Lo que ha pasado en Badajoz exige que se mejore todo», dicen desde el Ministerio. Y no es para menos. Este trágico suceso ha puesto en evidencia las fallas del modelo actual y ha despertado una demanda social por un cambio estructural que priorice los derechos de quienes son los más vulnerables.
El sistema de acogida, universal y sin distinciones entre nacionales y extranjeros, busca ahora transitar hacia equipamientos más pequeños y modelos familiares. Se pretende dejar atrás los macrocentros que perpetúan dinámicas impersonales y apostar por entornos que promuevan vínculos auténticos.
Sin embargo, la pregunta sigue latente: ¿será suficiente este decreto para sanar un sistema que por años ha cargado con desigualdades? Las comunidades autónomas deberán demostrar que tienen la «voluntad política» para adaptarse a estos nuevos estándares, mientras los ojos de miles de menores y trabajadores esperan que, esta vez, las palabras se conviertan en acción.
