Denuncian falta de información, temor entre los residentes y anuncian acciones legales si no hay respuesta inmediata
16 de diciembre de 2025. DEx
La convivencia, cuando se gestiona mal, también genera víctimas colaterales. Y eso es exactamente lo que denuncian los vecinos del número 4 de la calle Gil Cordero, en pleno corazón de Cáceres, que este lunes han alzado la voz contra la instalación de un piso tutelado para menores con problemas de conducta en su edificio, sin aviso previo y sin ningún tipo de información oficial.
Una decisión que, según la comunidad de propietarios, ha caído como un jarro de agua fría en un inmueble habitado mayoritariamente por personas mayores de 80 años, algunas con movilidad reducida, que ahora reconocen sentirse asustadas y desprotegidas.
Un edificio de ancianos, en el epicentro del conflicto
El bloque alberga dos despachos y seis viviendas, cinco de ellas ocupadas por vecinos que llevan más de tres décadas residiendo allí. Personas mayores, con rutinas consolidadas, que ven alterada de forma abrupta su tranquilidad ante la inminente llegada de un recurso social que, aseguran, no cuestionan en su finalidad, pero sí en su ubicación.
La situación está generando un clima de ansiedad real entre los residentes. hasta el punto de que hay inquilinos que no se atreven a salir de casa.
Parece que ser que la comunidad no ha recibido comunicación alguna sobre el alquiler del piso, que es una propiedad particular ni sobre posibles licencias de obra o de actividad.
La gestión del recurso correspondería a la empresa Cerujovi, subcontratada por la Junta de Extremadura, misma empresa que gestionaba el piso tutelado de Badajoz donde fue asesinada una educadora social hace apenas unos meses. Un antecedente que ha pesado como una losa en la percepción del riesgo.
La comunidad ha celebrado ya una junta extraordinaria y ha decidido pasar a la acción. Entre las medidas adoptadas:
- Solicitud formal al Ayuntamiento de Cáceres para conocer si existe licencia concedida o solicitada.
- Petición de un pronunciamiento por escrito a la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta.
- Solicitud de una reunión urgente con el alcalde.
Los vecinos han fijado este miércoles 17 de diciembre como fecha límite para obtener respuestas. Si estas no llegan, advierten de que iniciarán acciones judiciales más contundentes y trasladarán el conflicto a todos los grupos políticos.
Lupa DEx
Reflexión final
La protección de menores vulnerables es una obligación irrenunciable de las administraciones públicas. Pero también lo es garantizar procesos transparentes, diálogo previo y soluciones equilibradas que no conviertan a otros colectivos vulnerables —como los ancianos— en daños colaterales de una mala planificación.
Cuando la política social se ejecuta sin pedagogía ni consenso, el conflicto deja de ser ideológico y pasa a ser humano. Y ahí, siempre, pierde la convivencia.
