Choque frontal en la Asamblea por el modelo de diálogo social
Vox ha intentado modificar el modelo de representación sindical en Extremadura con una propuesta de ley que ha terminado sin apoyos, enfrentándose a un aluvión de críticas de todos los grupos. Mientras la formación tacha el sistema actual de chiringuito político, el resto de partidos defiende el diálogo social como un pilar democrático y constitucional.
Redacción DEx, 24 de abril de 2025.- Lo que prometía ser una propuesta para reformar el diálogo social en Extremadura se convirtió este jueves en un duro enfrentamiento político que dejó a Vox completamente solo. Su intento de reconfigurar el modelo sindical en la región, reduciendo el protagonismo de los sindicatos tradicionales y abriendo la puerta a otras voces del sector laboral, ha sido rechazado por todos los grupos parlamentarios.
La iniciativa, presentada por el portavoz de Vox, Óscar Fernández, pretendía modificar la Ley 3/2003 para abrir el diálogo social a más organizaciones y reducir, según defendía, el peso “blindado” de CCOO, UGT y la patronal CREEX. Fernández denunció lo que considera un sistema cerrado, politizado y manipulado por intereses de izquierda, que a su juicio solo sirve para mantener privilegios y controlar voluntades con dinero público.
Pero la Asamblea no compró ese discurso. Ni PSOE, ni Unidas por Extremadura, ni siquiera el PP respaldaron su propuesta. Los socialistas y Unidas la calificaron de aberrante y peligrosa. Desde el PP, la crítica fue doble: tanto por el fondo como por la forma. Según los populares, el texto no solo vulnera normas estatales como la Constitución o la Ley de Libertad Sindical, sino que además está fuera del marco competencial de la cámara regional.
Más allá del contenido jurídico, el choque de modelos fue evidente. Vox planteó una visión de diálogo social sin subvenciones públicas, con límites estrictos y sin castas sindicales, según sus palabras. El resto de partidos defendió el actual sistema como una conquista democrática que permite equilibrar el poder entre trabajadores y empresarios.
Desde el PSOE, José María Vergeles reivindicó el papel histórico de los sindicatos de clase en la conquista de derechos laborales y sociales, mientras que José Antonio González Frutos, de Unidas por Extremadura, acusó a Vox de actuar como escuderos de los poderosos. Ambos coincidieron en que desmantelar el diálogo social solo debilita a los más vulnerables.
El PP, aunque crítico con el modelo actual en otros contextos, dejó claro que en Extremadura su apuesta por el diálogo social es firme. De hecho, lo ha elevado a rango de consejería dentro del Gobierno autonómico. Para el diputado Juan Luis Rodríguez Campos, lo de Vox no es una reforma, sino un ataque sin recorrido legal ni encaje institucional.
La votación lo dejó claro: Vox no logró ni un solo apoyo. El rechazo fue contundente y transversal, con enmiendas a la totalidad desde todos los grupos. Solo prosperó la del PP, que fue respaldada por Unidas por Extremadura, con la abstención del PSOE.
