R. DEx, Madrid, 8 de septiembre de 2025.- La batalla política en torno a los incendios forestales da un nuevo giro. Vox ha presentado este lunes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros —Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y Sara Aagesen (Transición Ecológica)—, así como contra la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. La acción judicial alcanza también a presidentes autonómicos de distinto signo: los populares de Castilla y León, Asturias, Andalucía, Extremadura y Galicia.
El partido de Santiago Abascal acusa a todos ellos de la presunta comisión de delitos como homicidio imprudente, incendio forestal, prevaricación y vulneración de los derechos de los trabajadores. En su escrito, Vox sostiene que existió una “gravísima negligencia” en la previsión, la lucha y la posterior gestión de los fuegos que han calcinado cerca de 400.000 hectáreas en España.
Según la querella, la negativa a declarar la situación de emergencia como de interés nacional supuso “un acto gravísimo de imprudencia” que agravó los daños. Además, la formación denuncia la “maraña normativa” y la dispersión competencial entre Estado, autonomías y ayuntamientos, que —aseguran— no sólo imposibilitaron una respuesta eficaz, sino que se habrían usado con fines “políticos y partidistas”, contribuyendo a un escenario “catastrófico”.
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, calificó la gestión de “criminal” y adelantó que la querella es “a por todas, caiga quien caiga”, incluyendo al propio Partido Popular, pese a que algunos de sus presidentes regionales figuran entre los señalados.
LUPA DEx
El movimiento de Vox no sorprende: hace tiempo que la formación utiliza la vía judicial como altavoz político. Pero que la macroquerella meta en el mismo saco a Sánchez, ministros, barones del PP y presidentes autonómicos del PSOE muestra un claro objetivo: convertir el drama de los incendios en un campo de batalla electoral permanente.
Ahora bien, ¿cuánto de justicia hay en esta querella y cuánto de propaganda? Culpar a medio país político de homicidio imprudente y gestión “criminal” suena más a titular que a fundamento jurídico sólido. Mientras, lo que de verdad arde son los montes y las aldeas vaciadas, donde los medios de extinción siguen siendo escasos, los bomberos forestales temporales y las inversiones ridículas en prevención.
El debate competencial —Estado, comunidades, ayuntamientos— es la coartada perfecta para que nadie asuma responsabilidades reales. La maraña legal de la que habla Vox es la misma que todos los partidos han contribuido a tejer, mirando siempre más a las urnas que al terreno calcinado.
La macroquerella podrá ser ruido o podrá quedarse en papel mojado, pero lo indiscutible es que la política forestal en España sigue siendo humo: promesas, reproches y pleitos, mientras los vecinos, brigadistas y agricultores se quedan solos frente a las llamas.
