Víctor Sánchez del Real y Magdalena Nevado del Campo, diputados nacionales de VOX por las provincias de
Badajoz y Cáceres respectivamente ha presentado una batería de
preguntas en el Congreso de los Diputados en relación con el brote de
coronavirus en Navalmoral de la Mata y el traslado de un inmigrante ilegal
durante el Estado de Alarma desde Almería hasta la localidad cacereña.
En concreto se pregunta al Gobierno qué autoridad permitió a la fundación
CEPAIM saltarse el Estado de Alarma para trasladar un inmigrante ilegal
desde Almería hasta Navalmoral de la Mata y por qué se han vulnerado
los protocolos de seguridad y salud pública establecidos.
Por últimos los diputados solicitan información sobre cuál ha sido el
motivo del traslado a la localidad cacereña, por qué este emigrante no ha
permanecido custodiado y si se ha valorado por parte del Gobierno la
retirada de fondos de subvenciones y ayudas a CEPAIM por incumplir la
regulación general vigente en España, poniendo en riesgo la seguridad y la
salud pública de los ciudadanos moralos, aventurando ya un posible reconfinamiento.
En concreto los diputados han realizado la siguientes pregunta:
1. ¿Qué autoridad ha autorizado a la Fundación CEPAIM a saltarse el
estado de alarma trasladando un inmigrante ilegal desde Almería
(Andalucía) hasta Extremadura (Navalmoral de la Mata-Cáceres), cuando
estaban prohibidos los movimientos interprovinciales?
2. ¿Por qué se han vulnerado todos los protocolos de seguridad y salud
pública establecidos? ¿Cuál es el motivo que dio lugar a la urgencia en el
traslado de este emigrante a Navalmoral de la Mata?
3. ¿Cuál ha sido el motivo del traslado a Cáceres y, en concreto, al
municipio de Navalmoral de la Mata y no otra localidad? ¿Por qué este
emigrante no ha permanecido custodiado y con las medidas de seguridad
y salud pública oportunas, por las autoridades estatales o andaluzas?
4. ¿Se ha valorado la retirada de los fondos de subvención y ayudas a
CEPAIM, toda vez que ha incumplido la regulación general vigente en
España y, con ello, ha puesto en riesgo la salud y la seguridad de los
ciudadanos moralos, aventurando ya un posible re-confinamiento de la
población con inestimables consecuencias sociales y económicas para la
región?
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del
Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse
este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.
