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La directora del colegio cacereño, denunciada por presunto maltrato a una niña con autismo, suspendida en sus funciones

La directora del colegio cacereño, denunciada por presunto maltrato a una niña con autismo, suspendida en sus funciones

La Junta de Extremadura ha tomado esta decisión por los hechos denunciados por la madre de esta niña con autismo, así como por la “necesidad de evitar el contacto directo de la docente con la presunta víctima y por la alarma social generada”, según explican fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press.

La administración educativa, que ha notificado esta decisión en la mañana de este miércoles a la afectada, reafirma que “debe velar por el correcto funcionamiento del servicio público educativo en el mencionado CEIP, así como por el interés general”.

En este sentido, asevera el Ejecutivo regional que ha tomado esta decisión “para salvaguardar y proteger los derechos de la menor”, señala desde la Ejecutiva regional, que destaca además que en todo este proceso, debe tener en cuenta “el respeto máximo del derecho a la presunción de inocencia de la maestra”.

Así, señala que se trata de una “medida provisional, de carácter cautelar”, con la que la Junta de Extremadura ha actuado “pensando en el interés general para, por un lado, facilitar que la niña presuntamente maltratada pueda volver a recibir atención educativa en el centro” y, por otro, para “preservar a la maestra de la docencia para que pueda preparar mejor su defensa jurídica ante el juzgado correspondiente”.

Dicha medida provisional se ha adoptado dentro del procedimiento disciplinario incoado a la docente en entredicho, unos trámites que están recogidos en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, de aplicación en el ámbito de Extremadura.

La suspensión cautelar a la docente conlleva que percibirá, a partir de ahora, las retribuciones básicas. Algo que estará en vigor hasta que perdure la suspensión cautelar que, como máximo legalmente establecido, es de seis meses y a la espera del pronunciamiento judicial.

Ahora, el servicio de Inspección Educativa decidirá, en consenso con el claustro de docentes y el Consejo Escolar del centro, cómo organizar la dirección del CEIP.

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