CON CRITERIO
La intimidación y los discursos de confrontación marcan el comienzo de una campaña en la que conviene distinguir entre movilización y fanatismo, entre discrepancia y violencia.
Paco de Borja
15 de noviembre de 2026
Quedan catorce días. España volverá a las urnas el 29 de noviembre, después de una campaña que comenzó oficialmente el viernes 13 y terminará el 27. Ese es el calendario del BOE. El calendario emocional resulta bastante más difícil de administrar: cada agravio parece reclamar otro, cada declaración encuentra su contragolpe y cada candidato procura convencer al elector de que esta vez se juega algo más que un Gobierno.
¿Se ha convertido España en un país bipolar? La pregunta expresa un hartazgo comprensible, pero necesita precisión. Resulta más útil hablar de polarización: del momento en que dejamos de discutir lo que propone el adversario y empezamos a considerar intolerable que pueda defenderlo. Tampoco existen únicamente dos Españas compactas, obedientes y sin contradicciones. Reducirlas a derecha y ultraderecha frente a izquierda y ultraizquierda proporciona un cartel de campaña, no basta para explicar una sociedad.
El episodio más inquietante de este arranque electoral tiene un lugar concreto: Hernani. Este pasado sábado 14, un grupo de personas interrumpió una actividad del PP cuando sus militantes colocaban una mesa informativa. Según el Departamento de Seguridad vasco, hubo lanzamiento de huevos, petardos y cohetes. La Ertzaintza escoltó a los integrantes del partido. En tal información no constaban heridos ni detenciones y se comunicaba la apertura de una investigación.
El PP ofreció un relato más amplio: denunció la presencia de unos doscientos jóvenes, algunos encapuchados, y también el lanzamiento de piedras. Son datos atribuidos al partido, no un recuento policial independiente. La formación anunció la cancelación de su gira por Gipuzkoa y condicionó sus siguientes actos a la existencia de garantías de seguridad. La distinción entre fuentes importa: condenar una intimidación no exige añadirle nada que todavía no esté acreditado.
Impedir mediante la violencia que alguien explique su programa constituye una agresión a la libertad de todos. No hace falta compartir una sola propuesta del PP para defender su derecho a presentar todas. Esa es precisamente la prueba democrática: proteger la palabra de quien nos incomoda.
Mientras tanto, los escenarios ofrecen su propia temperatura. Este sábado, Sánchez pidió a Feijóo que aceptara el resultado del 29N y acompañó el emplazamiento con burlas sobre sus conocimientos. Abascal presentó la salida de Sánchez como una urgencia para evitar un empeoramiento del país. Colau arremetió contra una derecha a la que describió como cruel y cobarde. Son intervenciones distintas, con contenidos y responsabilidades diferentes; reunirlas no significa equipararlas. Sí permite observar cuánto espacio ocupa la descalificación en la disputa por el voto.
No todo es ruido. Feijóo anunció que situaría la vivienda bajo una vicepresidencia, Colau propuso ampliar prestaciones sanitarias. Ahí debería apretar la conversación pública: cuánto cuesta, cómo se financia, qué plazos se ofrecen y qué resultados anteriores permiten confiar en la promesa. Una campaña pierde calidad cuando el insulto recibe más examen que el presupuesto.
Hay, además, una preocupación que merece especial cuidado: los jóvenes. La presencia de jóvenes en un episodio de intimidación no permite afirmar que la violencia política sea «cada vez más joven». Para sostener esa tendencia harían falta datos comparables sobre edades, incidentes y evolución temporal. Las informaciones consultadas no permiten demostrarla. Ni una capucha representa a una generación ni una preferencia electoral acredita una disposición violenta.
Sí existen datos sobre comportamiento electoral. La macroencuesta del CIS, indica que el 70 % de las personas de 18 a 24 años declara que votará con total seguridad, frente al 89 % de quienes tienen entre 65 y 74. También señala una mayor intención directa de voto a Vox entre los más jóvenes. Son respuestas a una encuesta: no votos depositados y, desde luego, no un registro de radicalismo callejero.
Las pantallas merecen otro examen. Según los datos del CIS, la televisión continúa siendo el medio por el que más personas se informan de política: un 72 %, frente al 45 % que menciona las redes y el 36 % la prensa. Son vías que pueden coexistir. La misma información describe una campaña que incorpora entrevistas en YouTube y programas de entretenimiento. Cambia el escenario; la obligación de preguntar sigue intacta.
Afirmar que una televisión manipula exige señalar hechos, omisiones o tratamientos concretos. Pero como criterio editorial cabe exigir algo elemental: que una entrevista no se convierta en una recepción de cortesía y que una tertulia no confunda intensidad con conocimiento. El pluralismo se demuestra permitiendo preguntas incómodas, contrastando respuestas y rectificando errores, también cuando perjudican al invitado favorito.
Y luego está el aplauso. Aplaudir a un dirigente es perfectamente legítimo. El problema comienza cuando el aplauso sustituye al juicio: cuando una promesa incumplida deja de importar porque la pronunció el nuestro, cuando una conducta reprobable se disculpa por conveniencia, cuando exigimos al contrario una limpieza que no reclamamos en casa. La adhesión política no debería incluir una amnistía privada para la propia conciencia.
Tampoco sería riguroso describir a toda la ciudadanía como sorprendida, indignada e impotente. Hay electores movilizados, convencidos, indecisos, críticos y cansados. Un mitin no representa al país entero. Una tertulia tampoco. Y una calle tomada por quienes intimidan no puede arrogarse la voz de quienes la recorren cada mañana para ir a trabajar.
La democracia necesita diferencias; lo que no puede permitirse es que las diferencias se resuelvan expulsando al otro de la conversación. No todos los discursos son equivalentes, ni todos los actos tienen la misma gravedad. Precisamente por eso hacen falta hechos, memoria y una vara de medir que no cambie con el color de la bandera.
El 29 de noviembre elegiremos representantes. Hasta entonces, también podemos elegir cómo escuchamos, qué toleramos y a quién pedimos cuentas.
Un país no se vuelve más libre cuando consigue gritar más fuerte. Se vuelve más libre cuando nadie necesita una escolta para poder hablar.
