En rueda de prensa, Carretero ha reclamado al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que se ponga al frente de una vez en la oposición a estos «ataques» del Gobierno de Mariano Rajoy hacia Extremadura, con un «recorte» del 17 % en la inversión, cuando Extremadura es la comunidad con «más desempleo y más aislada y olvidada» en comunicaciones, según informa el sindicato en una nota.
Para Carretero, el presupuesto es «muy negativo» para la región porque no sólo se reduce la inversión, sino que además «se suprimen las partidas de la Deuda Histórica, sigue sin aparecer el 1 % en inversiones que el Estado tendría que destinar por el Estatuto de Autonomía y no hay un Plan de Empleo específico para Extremadura».
Unos recortes que se suman a los «sucesivos ajustes de años anteriores y a los incumplimientos en la ejecución presupuestaria», y que se producen en un momento de crecimiento económico en España en torno al 3 % y con previsiones de recaudación fiscal «récord», lo cual supone «un agravio mucho mayor para Extremadura».
Además, Carretero ha alertado del «impacto negativo» que tendrá para la región que el incremento de los salarios de los empleados públicos se limite al 1 % y las pensiones solo suban un 0,25 %.
Ambas cifras, ha explicado, están por debajo del 2 % de previsión de alza de los precios para todo el año, por lo que en realidad esto implica que ambos colectivos, que tienen «un peso fundamental» en la economía extremeña, sufrirán «una pérdida de poder adquisitivo que en total se estima en 65 millones de euros».
«Esto no solo repercute en los bolsillos de un tercio de la población extremeña sino que restringe el consumo interno y la creación de puestos de trabajo», ha apostillado.
En cuanto al ferrocarril, ha hecho un nuevo llamamiento a la Junta a que lidere «un frente común político y social más beligerante» para exigir «un tratamiento justo con la región y que no se vea discriminada en comparación con otras comunidades».
El líder sindical ha recordado que Extremadura es «la única comunidad que no tiene ni un solo kilómetro de línea electrificada».
En su opinión, hay dos puntos del Pacto que son básicos para el futuro de Extremadura: la electrificación de la línea Badajoz-Madrid para viajeros y la línea Badajoz-Puertollano, construyendo un intercambiador en Brazatortas, para poder conectar con el AVE Madrid-Sevilla.
Para Carretero, estas dos reivindicaciones tendrían que estar cumplidas esta legislatura, «pero con los 183 millones incluidos en los presupuestos no es posible que en 2020 haya trenes que lleven a Madrid a los pasajeros en tres horas y treinta minutos».
Igualmente, Carretero ha exigido a la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, y al presidente del PP regional, José Antonio Monago, que defiendan Extremadura y no justifiquen al Gobierno de Rajoy «escudándose en las programaciones plurianuales de los presupuestos», porque está demostrado que «eso es una demagogia y que además se acaba ejecutando menos de lo presupuestado».
Según CCOO, de haberse cumplido estas programaciones habría «siete AVEs circulando por Extremadura», porque «ya en 2004 se cifraron en 4.200 millones de euros» lo que necesitaba de inversión total el corredor extremeño y «13 años después la cantidad invertida no ha llegado a los 1.000 millones».
Así, Carretero ha apelado al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, a «liderar los sentimientos de este pueblo para acabar con la frustración que produce este ninguneo del Gobierno» y ha advertido que José Antonio Monago «no se puede ir de rositas y, o se pone en la pancarta con Vara, o sabremos que está de espaldas».
Ha recordado que Monago legó de su mandato, entre 2011 y 2015, dos «lindezas»: por una parte, ceder en cambiar el proyecto de AVE por un tren de altas prestaciones que «nadie sabe lo que es»; y, por otra, aceptar el aumento de la participación de la Junta en la construcción de la Plataforma Logística de Badajoz.
El líder sindical ha aseverado que lo que se necesitan ya en la cuestión del ferrocarril «son hechos» y, por eso, considera que ha llegado el momento de «plantarse en el Ministerio» para iniciar una negociación bilateral entre el Gobierno y la Junta y que se cumpla lo que pide el Pacto por el Ferrocarril.
