También se exige al Gobierno de España el desarrollo durante la legislatura de una serie de actuaciones, como por ejemplo la duplicación y electrificación en su totalidad de la línea Badajoz-Mérida-Cáceres-Plasencia-Madrid.
La ejecución de un Plan Urgente de Renovación y Electrificación de las redes ferroviarias convencionales de Extremadura y el establecimiento de un Puesto de Mando Ferroviario son otras reivindicaciones.
Además, se pide estudiar soluciones que permitan la recuperación de la línea «Ruta de la Plata».
PSOE y PP también han aprobado una moción conjunta de «apoyo y solidaridad» con los empleados afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) previsto por la entidad financiera Ibercaja.
En Extremadura el proceso supondría la amortización de 145 empleos y el cierre de 32 sucursales, lo que afectaría principalmente a la provincia de Badajoz.
Los grupos políticos han coincidido en lamentar que la mayoría de las oficinas que se quieren cerrar se encuentren en el mundo rural, con el perjuicio que ello supone para los habitantes de los pueblos.
A través de su accionista, la Fundación Caja Badajoz, pretende que se inste al Consejo de Administración de Ibercaja y al Gobierno de la nación a defender los intereses de los empleados y a buscar otras alternativas que no supongan la destrucción de empleo.
