Carlos Carlos Rodríguez, ex presidente de la Diputación de Cáceres, ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación. La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia contra Carlos, alegando irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa constructora OCR Extremadura.
Según la denuncia, desde 2021, OCR ha recibido 14 contratos de la Diputación de Cáceres, valorados en más de dos millones de euros. Además, Carlos, quien también es alcalde del Ayuntamiento de Calzadilla, adjudicó un contrato adicional a OCR por más de 400.000 euros.
El Juzgado de Instrucción nº1 de Coria (Cáceres) ha abierto diligencias contra Carlos, ya que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa”.
Pablo Jarque, el abogado de Abogados Cristianos que lleva el caso, aseguró que han presentado pruebas que demuestran los vínculos evidentes entre la empresa y Carlos Carlos. Jarque enfatizó que “los actos de corrupción para derribar cruces no pueden quedar impunes” y recordó que estos delitos están tipificados en el código penal y contemplan penas de entre 9 y 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La organización de juristas no descarta ampliar la denuncia, ya que considera que Carlos podría haber incurrido además en los delitos de tráfico de influencias y malversación. Estos desarrollos marcan un giro significativo en la carrera política de Carlos Carlos Rodríguez y podrían tener implicaciones importantes para el futuro político de la región.
