El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Cáceres que condena a un procurador a cinco años y medio de prisión por apropiarse de aproximadamente 1,5 millones de euros de sus clientes.
La sentencia, que aún puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, condena al acusado por el delito de apropiación indebida a cinco años y medio de prisión, una multa de 16 meses con una cuota diaria de 10 euros y la inhabilitación especial para ejercer como procurador y abogado durante el tiempo de la condena.
Además, por el delito de deslealtad profesional, se le condena a una multa de 16 meses con una cuota diaria de 10 euros y a la inhabilitación especial para ejercer como procurador y abogado durante dos años, seis meses y un día.
El acusado también deberá indemnizar a más de veinte particulares, ayuntamientos y empresas con cantidades que oscilan entre los 600 euros y casi 700.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
El procurador apeló la sentencia ante la Sala Civil y Penal del TSJEx, argumentando la no aplicación de la circunstancia atenuante de reparación del daño. Sin embargo, la Sala rechazó este argumento, sosteniendo que el recurrente “no hizo esfuerzos económicos para reparar parcialmente el daño causado, ni tampoco para mitigarlo moralmente”.
La sentencia también reprocha al acusado, al igual que la Audiencia, que no haya revelado el destino exacto de todo el dinero apropiado.
La sentencia establece como hechos probados que el acusado, en el ejercicio de su profesión de procurador, se encargaba de recibir directamente mandamientos de pagos de cantidades que le eran entregadas en los juzgados y tribunales y que debía entregar a sus clientes por los medios acordados.
En los últimos años, el acusado, con la intención de obtener un beneficio económico ilícito, comenzó a quedarse con diferentes cantidades de dinero que el juzgado o tribunal correspondiente le entregaba para que, a su vez, fueran remitidas a sus mandantes, ocultando estas entregas de dinero a sus representados.
Esta forma de actuar se mantuvo desde el año 2012, incrementándose de manera “superlativa” en los años siguientes, hasta que el descubrimiento en 2019 de esta forma de actuar por parte de varias personas y entidades representadas por él determinó la presentación de varias querellas y/o denuncias contra él, siendo el monto final reclamado cercano a 1.500.000 euros.
