Miles de profesionales del derecho se han movilizado este sábado en Madrid para reclamar el derecho a elegir entre la mutualidad o el régimen general de autónomos para su jubilación. Según los organizadores, unos 20.000 abogados y procuradores han participado en la marcha, que ha partido desde las sedes de las mutuas de ambos colectivos y ha terminado frente al Congreso de los Diputados, donde se ha leído un manifiesto.
Los manifestantes, vestidos con togas negras, han denunciado la situación de precariedad que sufren muchos de ellos, que tras décadas de cotización se enfrentan a pensiones de entre 300 y 500 euros al mes, muy por debajo del salario mínimo interprofesional. Además, han criticado que las mutualidades, que en su origen tenían un fin social y solidario, se han convertido en entidades mercantiles que no garantizan unas coberturas mínimas equiparables a las de la Seguridad Social.
“Queremos una jubilación digna, pasarela al RETA ya”, “RETA sí, mutua no”, “Queremos igualdad, no caridad”, han sido algunas de las consignas que se han escuchado durante la protesta, que también ha reivindicado un turno de oficio digno y una reforma de la ley de acceso a la abogacía. Algunos de los asistentes han llevado un ataúd que simulaba la muerte de un letrado mutualista a los cien años, que “hasta ayer estuvo en activo” porque no podía jubilarse.
Los convocantes han exigido al Gobierno y al Parlamento que aprueben una ley que permita la posibilidad, con carácter voluntario e individual, de trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos las cantidades cotizadas en las mutualidades profesionales de Abogacía y Procura, computándose los años cotizados a efectos en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida.
Entre los asistentes a la manifestación se encontraba el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, Enrique Santiago, que ha mostrado su apoyo a la reivindicación de los profesionales del derecho y ha acusado a la mutualidad de la abogacía de cometer un “gran fraude” y de realizar una “inmensa operación de especulación inmobiliaria” con el patrimonio de los mutualistas. Santiago ha instado al resto de grupos políticos a sumarse a esta causa y a garantizar unas pensiones dignas para los abogados y procuradores.
Isabel Rabel, de Alter Mutua, ha explicado que hay afectados unos 100.000 profesionales que se dieron cuenta de la situación a la que se enfrentaban hace unos nueve meses, cuando la Mutualidad Abogacía hizo una nueva estimación de la pensiones que recibirían los mutualistas, y vieron que sus futuras pensiones serían muy bajas. Rabel ha afirmado que se sienten “estafados” por sus colegios profesionales, que en su día les dijeron que ser de la mutua era mejor que el régimen público.
