Juan Preciado, 11 de marzo de 2025.- El miedo y la rabia recorren las venas de las trabajadoras sociales en Extremadura. No es una sensación pasajera, sino una constante que pesa sobre sus hombros mientras desarrollan su labor en pisos tutelados y centros de acogida.
El asesinato de una compañera en Badajoz a manos de tres menores ha sido el detonante de una reivindicación que lleva demasiado tiempo esperando respuesta: la falta de seguridad en estos entornos pone en riesgo sus vidas.
En solo dos días, tres trabajadoras del sector han recogido 23.000 firmas en la plataforma Change.org exigiendo más medios y protección. Entre ellas, Victoria Salinas, educadora social, quien hace un tiempo abandonó su empleo por miedo. «Estoy horrorizada y llena de rabia. Ayer asesinaron a una de nuestras compañeras mientras trabajaba en un piso tutelado de menores», lamenta. Su testimonio es un eco del terror que muchos profesionales han experimentado en silencio. «Nos enfrentamos a diario a situaciones de riesgo y no tenemos suficiente seguridad: ni cámaras, ni protocolos claros, ni personal mínimo», denuncia.
Salinas recuerda haber sufrido agresiones y haber visto a compañeros enfrentarse a episodios de violencia sin respaldo suficiente. «He pasado muchísimo miedo y he tenido miedo de morir», confiesa. En una ocasión, un motín en un centro la obligó a tomar una decisión drástica: dejar el trabajo para salvar su vida. «¿Cuántos más tenemos que morir para que nos escuchen y se preocupen por nuestra seguridad?», se pregunta.
Su petición está dirigida al Ministerio del Interior y reclama presencia de personal de seguridad en aquellos dispositivos donde la conflictividad lo requiera. «No queremos más tragedias», insiste. A su voz se suma la de Lucía Carmona, otra profesional que denuncia el «constante malestar físico y psicológico» que arrastran debido a las condiciones laborales. Mientras tanto, Marta M. ha conseguido movilizar más de 20.000 firmas en pocas horas con un mensaje claro: «Nos enfrentamos a diario a situaciones de riesgo que comprometen nuestra seguridad e integridad física y psicológica».
La precariedad en el sector social no es nueva, pero ha costado una vida para que el grito ahogado de estas profesionales comience a escucharse. La pregunta es si, esta vez, será suficiente para que las administraciones actúen antes de que haya otra víctima más.
