El Ministerio Público mantiene su postura inicial y sostiene que las acusaciones no han logrado acreditar durante el juicio la existencia de tráfico de influencias ni prevaricación en la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
Redacción DEx, Badajoz, Tribunales, 8 de junio de 2026.
La recta final del juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha dejado un movimiento procesal de enorme relevancia. La Fiscalía ha solicitado la absolución de los once acusados al considerar que, tras la práctica de la prueba durante la vista oral, no han quedado acreditados los hechos delictivos que sostienen las acusaciones populares.
La fiscal del caso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha reiterado el criterio que mantuvo desde el inicio del procedimiento: no existen elementos suficientes para sostener una condena contra David Sánchez, el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ni el resto de procesados.
La Fiscalía mantiene la misma tesis desde el inicio
La posición del Ministerio Público no supone una sorpresa jurídica, aunque sí un respaldo significativo para las defensas. Durante la fase de instrucción, la Fiscalía ya solicitó el archivo de la causa al entender que los indicios no alcanzaban la entidad necesaria para abrir juicio oral.
Ahora, una vez escuchados los testimonios, examinada la documentación y practicadas todas las pruebas, la representante del Ministerio Público sostiene que las acusaciones formuladas no han podido acreditarse de manera suficiente.
Según la Fiscalía, el proceso selectivo investigado no ha permitido demostrar la existencia de decisiones arbitrarias, resoluciones injustas o actuaciones dirigidas a favorecer ilícitamente a David Sánchez.
Las acusaciones mantienen la petición de prisión
Frente a la postura de la Fiscalía, las siete acusaciones populares han ratificado sus conclusiones y continúan solicitando penas de prisión para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.
Las acusaciones sostienen que existieron actuaciones encaminadas a favorecer la contratación del hermano del presidente del Gobierno y consideran que los hechos encajan en delitos de tráfico de influencias en concurrencia con prevaricación administrativa.
Durante sus informes finales han defendido que la creación y adjudicación del puesto investigado respondieron a una estrategia previamente diseñada para beneficiar al músico y gestor cultural.
Una causa de enorme repercusión política
El procedimiento ha generado una intensa atención mediática y política desde que se conoció la apertura de las diligencias.
La presencia entre los acusados de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de Miguel Ángel Gallardo, una de las figuras históricas del socialismo extremeño, ha convertido cada sesión del juicio en objeto de seguimiento nacional.
La resolución del tribunal será observada con especial interés tanto por el ámbito político como por el jurídico, dado que marcará el desenlace de uno de los procedimientos más mediáticos desarrollados en Extremadura en los últimos años.
La decisión queda ahora en manos de la Audiencia
Concluidos los informes finales de las partes, el juicio entra en su fase decisiva.
Será ahora la Audiencia Provincial de Badajoz la encargada de valorar el conjunto de las pruebas practicadas y determinar si existen elementos suficientes para dictar una sentencia condenatoria o si, por el contrario, procede la absolución solicitada por la Fiscalía.
Mientras tanto, la causa sigue alimentando el debate político nacional en un contexto especialmente sensible para el Gobierno central y para el PSOE, que afrontan una etapa marcada por diversas investigaciones judiciales y controversias públicas.
LA LUPA
La petición de absolución formulada por la Fiscalía tiene un peso jurídico indudable, aunque no resulta vinculante para el tribunal. La Audiencia Provincial deberá valorar de forma independiente todas las pruebas y argumentos expuestos durante el juicio.
No obstante, el hecho de que el Ministerio Público mantenga desde el principio la tesis de la inexistencia de delito refuerza notablemente la estrategia de las defensas y eleva la expectación sobre una sentencia que podría tener importantes consecuencias políticas y mediáticas.
CIERRE
Tras semanas de declaraciones, informes periciales y debates jurídicos, el llamado «caso David Sánchez» encara ya su desenlace. La última palabra corresponde ahora a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz, cuya decisión pondrá fin a uno de los procesos judiciales más seguidos de la actualidad política española.
