Este sindicato considera que con estas decisiones se limita la autonomía de gestión de los centros y se crea incertidumbre en los equipos directivos
La Consejería de Educación ante las denuncias de la comunidad educativa del recorte sufrido en el abono de segundo pago del presupuesto de los centros, lo ha justificado con el argumento de que se había “planteado realizar un contrato centralizado para el suministro de combustible, de manera que se consiguiese un ahorro en el presupuesto global”, y al no concretarse este contrato se ha comprometido a realizar un tercer pago en los próximos días.
Desde la Federación de Enseñanza, » apoyando cualquier decisión que favorezca la optimización y aprovechamiento máximo de los recursos públicos, rechazamos estas decisiones unilaterales, que son desconocidas por los centros». Esta medida, de confirmarse, tendría una incidencia negativa directa en la organización, funcionamiento y gestión de los centros, obligando a los equipos directivos a modificar programas y proyectos de trabajo, pero lo que es más grave perjudicaría la atención educativa del alumnado.
En un comunicado enviado a DEx, se expresa que » en estos momentos de crisis económica, la escuela pública con muchos alumnos y alumnas escolarizados de familias social y económicamente desfavorecidos, o con problemáticas familiares, asume con sus propios presupuestos que este tipo de alumnado puedan acceder a los recursos y materiales didácticos para una educación de calidad. De este modo cualquier recorte o disminución de los escasos presupuestos de los centros públicos sería una medida que afectaría a la equidad educativa.
Con esta actitud, la administración educativa ha provocado malestar e incertidumbre en los centros educativos. Consideramos que si se quiere apostar por potenciar la autonomía de gestión económica y organizativa de los centros la administración debe requerir la participación y opinión de los equipos directivos en este tipo de propuestas.
Por otra parte, los equipos directivos tienen razones justificadas para desconfiar de las declaraciones de la administración educativa de proceder a un tercer abono a los centros, hemos asistido en los dos últimos años a recortes en estas partidas presupuestarias.
Desde FETE-UGT exigen a la Consejería de Educación el inmediato pago de la cantidad económica retenida de los presupuestos de los centros (esta retención llega hasta un 40%).
En el caso de que la Consejería no cumpliera este compromiso, la Federación de Enseñanza estudiará la adopción de iniciativas (incluidas las jurídicas) que garanticen que los colegios e institutos públicos puedan recibir, como mínimo, los recursos económicos legalmente establecidos, y asegure que todos los alumnos puedan ejercer su derecho a una formación y educación de calidad.
