CCOO y UGT de Extremadura se oponen a la aprobación de la Ley de Servicios Sociales promovida por el Gobierno regional del PP porque a su juicio supone un retroceso en las prestación de estos servicios públicos y porque no cuenta con el consenso y el apoyo del sector.
“Se trata de una propuesta que nace sin diálogo social, con el desacuerdo de los agentes implicados como los colegios profesionales o las asociaciones que trabajan en este ámbito y que el Ejecutivo de Monago intenta sacar ahora adelante con prisas, por la cercanía de las elecciones, después de olvidada en el cajón durante tres años”, destacan.
Ambos sindicatos señalan que han venido demandando reiteradamente durante la legislatura que se abriera un proceso de negociación, como ocurrió con las leyes anteriores de este carácter, y se hizo oídos sordos por parte del Gobierno. “Esto ha sido una muestra de que en realidad no valoraba la trascendencia de este asunto, a pesar de que la crisis lo hacía más necesario que nunca”.
A su juicio, la propuesta de ley del Gobierno del PP “es un retroceso en el derecho subjetivo de la ciudadanía extremeña puesto que carece de solidez, de consistencia y de argumentos”.
Los puntos más negativos de la normativa son que no se establece una dotación presupuestaria, no se desarrolla un catálogo de servicios y no se establecen los criterios mínimos indispensables para protección social en momentos de mayor inestabilidad económica y social.
“Todo esto da idea de que se trata más de una nueva ocurrencia de marketing político propiciada por la llegada de las elecciones autonómicas y municipales que de una respuesta con la que resolver los problemas con los que se enfrentan los servicios sociales”.
Se trata además de un texto “que se contradice con la Ley de 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, ya que pone en tela de juicio la titularidad y gestión pública de los servicios sociales y por ello sitúa en grave riesgo a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes”.
En definitiva, indican ambos sindicatos, “esta ley se trata de una oportunidad pérdida para ofrecer soluciones consensuadas, desde el ámbito de lo público, a la difícil situación que están atravesando miles de familias de la región y que acuden a unos servicios sociales que se encuentran actualmente desbordados”.
