Trece personas imputadas por la «irregular» gestión de residuos de la construcción en Badajoz

La Policía Local y la Guardia Civil a través de Seprona han imputado en el marco de la operación denominada ‘Alaspico’ a un total de 13 personas por la «irregular» gestión de residuos de la construcción y demolición en la ciudad de Badajoz y sus alrededores.

Así lo ha anunciado el teniente de alcalde delegado de Policía Local del ayuntamiento de la capital pacense, Germán López Iglesias, que ha matizado en rueda de prensa que se ha tratado de una operación conjunta de ambos cuerpos desarrollada en Badajoz y otras localidades cercanas mediante el control de vehículos y la toma de más de 5.000 fotografías.

A través de ambas herramientas, ha señalado, «se comprueba un vertido continuado e incontrolado de residuos de construcción en seis lugares no autorizados», a la vez que ha puntualizado que la operación se inició en el verano de 2014 y ha concluido en el de este 2015 «con la finalidad de erradicar o, al menos disminuir» los vertidos «ilegales» de este tipo de residuos en la ciudad.

En el marco de esta operación, se han tomado fotos o vídeos y han llevado a cabo un seguimiento en las zonas de El Pico y de Los Monos, las graveras del Guadiana y especialmente cerca de Sagrajas y en las cercanías de las carreteras de Olivenza y de Valverde, donde «se venían echando estos ripios, además con una contundencia importante» y de forma «continuada».

MODUS OPERANDI

Acompañado del teniente jefe del Seprona de la Guardia Civil en la provincia, Ramón García, y el superintendente de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz, López Iglesias ha explicado que el ‘modus operandi’ consistía en que el constructor contrataba la gestión de residuos con una empresa que «tenía que ir a una planta de reciclaje o a una planta donde se podían llevar temporalmente los residuos».

No obstante, ha indicado que «en lugar de llevarlos a la planta» los residuos «los repartía por Badajoz o los concentraba donde él quería» e «iba al día siguiente o a los dos días a por el certificado a la planta diciendo que había estado allí», en relación a lo cual ha dicho que «allí no había estado», pero que en dicha planta se les «certificaba que habían estado».

Por tal motivo, ha apostillado, se ha «detenido» a 13 personas pertenecientes a 10 empresas «que se dedican a esto», a la vez que ha avanzado que los posibles delitos cometidos son «importantes» y podrían acarrear penas de prisión.

«Yo solamente mando desde aquí un mensaje: que los que lo estén haciendo que no lo hagan y si lo hacen ya saben a qué se están ateniendo», ha advertido en una comparecencia en la que se ha puesto de manifiesto que «no» se pretende «criminalizar al sector», sino que se quiere lograr que no se tiren escombros en lugares no autorizados.

TRABAJO DE CAMPO

Por su parte, Rubén Muñoz ha incidido en que el cuerpo policial municipal ha desarrollado durante los tres meses del pasado verano el «trabajo de campo» en esta operación en la que se han controlado 14 vehículos y se han obtenido 5.490 fotografías.

Ha agregado que, por las características de la operación, las instantáneas se han tomado a una «gran distancia» dado que se observó que quienes cometían estas infracciones «adoptaban unas importantes medidas de seguridad» como «advertir que no hubiera presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de otras personas que pudieran ser testigos».

DILIGENCIAS

A su vez, Ramón García ha detallado que la labor del Seprona se ha centrado, además de en el apoyo a la Policía Local, en la instrucción de las diligencias en esta operación en la que sabían que «eran, al menos, infracciones administrativas» pero creían que «iba más allá y podrían suponer ilícitos penales».

De esta manera, su trabajo era «demostrar» que podían ser delitos como el medioambiental, el que «más» les «preocupa», falsificación documental dado que aunque sea público o privado «no se puede expedir un documento, incluso algunos sellados, donde se pretende certificar lo que no se ha hecho».

También ha añadido el delito de estafa, puesto que están «seguros» de que el promotor de la obra «en muchas ocasiones contrata a un gestor de residuos con la perfecta condición de que la gestión de residuos se va a realizar» y «ha pagado un dinero a ese transportista que luego ha tirado los escombros o los ripios en algún lugar no autorizado y luego le ha presentado un documento falso».